Legado fiscal de Bachelet: gran mochila para Piñera

M. Cecilia Cifuentes

Hace cuatro años –aunque en lo personal me parece más tiempo- el programa de gobierno de Michelle Bachelet nos anunciaba la urgente necesidad de aumentar el tamaño del Estado, condición sine qua non, de acuerdo a sus ideólogos, para lograr mayor equidad. “Es el precio de la paz social”, nos dijeron. Probablemente, en la cuenta final el aumento del tamaño del Estado será de ese orden, ya que entre 2013 y 2017 el gasto del gobierno central, sin incluir municipalidades y empresas públicas, pasó de un 21,5% del PIB a un 23,8% (no está de más recordar que durante la primera administración de Bachelet la expansión fiscal había sido superior, de casi cinco puntos del PIB).

El aumento del gasto del gobierno central es similar al déficit con que se cerró este gobierno, de un 2,8% del PIB, por lo que esos gastos adicionales fueron principalmente financiados con deuda. No se cumplió entonces uno de los aspectos básicos del programa, ya que estos mayores gastos permanentes no tuvieron un sustento equivalente de ingresos permanentes, que era la condición de responsabilidad fiscal planteada por el programa. Como contrapartida, la deuda del gobierno central aumentó de un 12,7% del PIB a un 24%. Esto significa que tanto los contribuyentes actuales como los futuros nos estamos haciendo cargo del aumento de gastos del gobierno que termina.

Si comparamos el año 2017 con 2013, tenemos un mayor gasto público de US$ 12.700 millones, similar a lo que el programa estimaba como costo de las reformas, con lo cual se encararían decididamente las desigualdades del país. Ese mayor gasto debía permitir la gratuidad en la educación, la reforma a la salud, la construcción e inicio de 60 hospitales, la mejoría de las pensiones y la capacitación de casi medio millón de trabajadores, por mencionar sólo los compromisos de mayor envergadura.

La composición de ese mayor gasto nos permite comprobar lo alejados de la realidad que estuvieron los anuncios. Primero, la inversión pública creció muy poco, y más del 90% de la expansión fiscal fue destinada a gasto corriente. Sólo el gasto en burocracia creció en US$ 3.500 millones, principalmente como consecuencia de un aumento de más de 25% real del gasto en personal. Tanto por una gran expansión del número de funcionarios como por una mejora significativa de sus remuneraciones, se puede afirmar con bastante certeza que los funcionarios públicos fueron los principales beneficiarios de la segunda administración de Bachelet. Basta decir que se llevaron más de un 40% del aumento en recaudación tributaria de estos cuatro años, equivalente a US$ 6.400 millones si se compara 2017 con 2013.

Entramos entonces en otro aspecto negativo de la herencia fiscal, ya que la cifra anterior muestra a las claras que la reforma tributaria recaudó notoriamente menos de lo que estimaba el gobierno, ya que sin contar los recursos provenientes del crecimiento, se esperaban US$ 8.200 millones adicionales, a los que debían sumarse US$ 4.700 millones producto del crecimiento de la economía.

El fracaso de la reforma tributaria en términos de mayores ingresos se evidencia también con el hecho de que el aumento en la recaudación del IVA aportó más recursos al fisco que la mayor recaudación del impuesto a la renta, explicado en parte por la introducción de la factura electrónica, reforma aprobada durante el gobierno de Sebastián Piñera. Pareciera que perfeccionar el sistema, reduciendo la evasión, puede ser mucho más rentable que aplicarle una retroexcavadora a lo que había.

En definitiva, el legado fiscal de Bachelet es muy negativo, tanto desde el punto de vista de la composición del gasto como de su financiamiento.

Tratar de corregirlo es probablemente una de las tareas más complejas del gobierno entrante, y que va a requerir la colaboración de la futura oposición. Esta debe ser una tarea país, considerando que ha llegado la hora de que el Estado devuelva a los ciudadanos lo que éstos le entregan con el pago de impuestos, en términos fundamentalmente de mejor salud, educación y seguridad pública. Ese es el verdadero camino para “comprar paz social”.