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Legislar sin etiquetas

Hernán Cheyre V. Centro de Investigación Empresa y Sociedad (CIES) U. del Desarrollo

Por: Hernán Cheyre V. | Publicado: Viernes 10 de mayo de 2019 a las 04:00 hrs.
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Hernán Cheyre V.

Cuesta entender el derrotero que ha seguido la discusión sobre el proyecto tributario presentado por el gobierno. Habiendo una visión negativa bastante compartida sobre los problemas que surgieron luego de la reforma del año 2014 -en complejidad, incerteza, ineficiencias e inequidad-, desde el mundo opositor se ha erigido un muro que está haciendo muy difícil la posibilidad de lograr acuerdos.

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Una posible explicación radica en que, lamentablemente, la discusión se ha dado en un contexto donde se han generado “etiquetas” que actúan como imanes ideológicos, cuya fuerza atrae hasta el punto de inmovilizar a sus actores. Una de las etiquetas es la referida a si el proyecto en trámite se trata de una “modernización” o de una “reforma”, con toda la carga simbólica que significa “reformar” por sobre “modernizar”, tratándose de una inciativa que fue aprobada durante el gobierno anterior. Pero sin duda la etiqueta más emblemática es la que cataloga la propuesta de la reintegración como “regresiva”, en contraposición a un esquema “progresivo”, entendido como uno en que los sectores de más altos ingresos aportan una mayor proporción de su renta.

Dejando de lado las etiquetas, ¿cuáles los principales efectos asociados a la reintegración?: primero, al disminuir la carga tributaria sobre las rentas del capital, se fomenta el ahorro y la inversión de los residentes en el país; y, segundo, al eliminar la sobretasa del 9,45% implícita en el mecanismo de integración parcial, se elimina un factor de inequidad horizontal, que actualmente perjudica a las personas que perciben ingresos en mayor proporción como rentas del capital, para todos los tramos de ingreso.

Desde el punto de vista del costo en términos de menor recaudación, las estimaciones disponibles apuntan a US$ 833 millones, de los cuales US$ 497 millones beneficiarían a 867 mil contribuyentes afectos al impuesto global complementario (IGC). De estos, 568 mil estaban en el tramo exento en la operación renta del año pasado, pero debieron soportar la sobretasa del 9,45%, pagando impuestos por US$ 61 millones; 148 mil estaban en el tramo del 4% y la sobretasa les significó un mayor pago de impuestos por US$32 millones; y sólo 25 mil estaban en el tramo más alto de la escala, con un mayor pago de impuestos por US$ 229 millones. Sin perjuicio de que en términos absolutos los sectores de más altos ingresos serían los más beneficiados con la reintegración, si el cálculo se realiza como proporción del impuesto global complementario que debieron pagar el año 2018, los más beneficiados serán los que estaban en el tramo exento y que debieron pagar la sobretasa del 9,45% -el pago de impuestos les disminuye en 100%-; luego los del tramo del 4%, a quienes el pago del impuesto les disminuye en 45,1%; y así sucesivamente una escala decreciente en función del tramo de ingreso en el que están ubicados, siendo los menos beneficiados en términos relativos las personas ubicadas en el tramo superior, quienes experimentarán una reducción proporcional de 12,6% en el impuesto pagado.

Estas son las estimaciones disponibles, planteadas “sin etiquetas”. Queda así de manifiesto cuántos son los beneficiarios en cada caso, cuáles son los montos involucrados, y en qué proporción se ven beneficiados unos y otros. Cabe esperar que se legisle sin anteojeras, buscando medidas de compensación razonables, pero sin perder de vista los objetivos buscados en cuanto a avanzar hacia un sistema tributario más simple, menos discriminador y que no castigue el ahorro y la inversión.

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