Ley anticorrupción: un cambio necesario

Paula Valenzuela P.

Recientemente fue aprobada por el Congreso la ley 21.121 contra la corrupción, que aumenta las penas de los delitos de cohecho y soborno y que tipifica los delitos de soborno entre particulares, negociación incompatible, apropiación indebida y administración desleal, introduciendo así modificaciones a la ley 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. Dichos cambios contemplan multas para las empresas cuyos ejecutivos cometan actos de corrupción y que no cuenten con un programa de compliance penal (modelo de prevención de delitos) hasta por un máximo de aproximadamente 21,5 millones de dólares.

Cabe hacer el comparativo: antes de la ley, esas penas superaban apenas el millón de dólares. Con este nuevo escenario, se marca otro hito en el largo camino que comenzó con la puesta a prueba de la institucionalidad chilena tras el importante número de casos judiciales de corrupción, pública y privada que vimos en años anteriores.

En los hechos más graves que conocimos —que dejaron como secuela graves daños a la fe pública, a la confianza institucional, a la legitimidad de los mercados y al bienestar social— quedó de manifiesto que las penas eran efectivamente bajas y difíciles de obtener. O, al menos, eran desproporcionadas en comparación con otros delitos a la propiedad, de menor impacto social, que podían dejar, efectivamente, a los culpables por años en la cárcel. La evidencia de un trato privilegiado para ciertos tipos de delitos horadó confianzas y restó legitimidades. Una corrección era necesaria.

En Latinoamérica, varios son los países que han tenido crisis institucionales similares a la chilena, basadas en la pérdida de confianza, producto de casos de corrupción. Los resultados han sido variados. Hay expresidentes y empresarios condenados, cambios políticos fundamentados en discursos populistas, o simplemente ningún cambio. Pero en Chile la transformación ha sido institucional, cambiando leyes, elevando estándares, aumentando penas y mejorando instituciones. Si nos costó como país lidiar con los casos de años anteriores, los profundos cambios que estos generaron han logrado que estemos mejor preparados para enfrentar situaciones similares en el futuro y, mucho más importante, prevenir que ellas ocurran.

Hoy tenemos señales legislativas claras sobre la gravedad social de la corrupción, incluso la que ocurre entre privados. Esto facilita ajustar actitudes y prácticas, dejando en claro la centralidad de una cultura de integridad como parte fundamental de todo quehacer empresarial, y sobre la responsabilidad de los líderes corporativos de impulsar esa cultura en toda la extensión de sus organizaciones.

También facilita ajustar la sensación de justicia para todo el país, acercando la convicción, que ayer parecía alejarse, de que todos somos ciudadanos iguales, con los mismos derechos y deberes, y gozamos de las mismas libertades, teniendo también responsabilidad efectiva sobre nuestros actos y sobre cómo estos afectan a la sociedad.