Ley “No más Dicom”: romper el termómetro cuando hay fiebre

El Congreso aprobó el proyecto de Ley de Información Comercial y Datos Personales. Un primer punto, es que vamos a tener pronto legislación duplicada, ya que también se encuentra en trámite legislativo un proyecto del ejecutivo, conocido como el SOE (Sistema de Obligaciones Económicas) que toca, entre otros, el tema de la finalidad de los datos.

Segundo, en él se establece que los datos de bases comerciales sólo pueden tener como finalidad efectuar una estimación del riesgo del deudor, y no pueden ser utilizados para otros fines, como laborales, de atención de salud y educación. Sin bien el fin puede ser positivo en términos de evitar discriminación, genera otros problemas. En algunos trabajos, como los relacionados con manejo de efectivo, la información comercial de la persona tiene un gran valor para el empleador, y si no tiene acceso a ella, termina usando otro tipo de elementos, que pueden ser más discriminatorios, como parentesco, condición social, apariencia u otros. Una economía de mercado se enriquece y perfecciona con más y mejor información, no con menos. La disponibilidad de información comercial es positiva también por la estructura de incentivos que genera, ya que si la persona sabe que un endeudamiento excesivo le juega en contra en materia laboral, se cuida más de caer en esta situación. Por último, cuando la información tiene un valor elevado para el que la requiere, buscará la forma de conseguirla, por lo que se termina en una situación en que ésta igual existe, pero a mayor costo y menor certeza. Parece entonces mejor avanzar hacia un esquema en que haya más información, y no menos, en el que se pueda conocer también la información positiva de los deudores, estableciéndose que es el deudor el dueño de la información, como determina el proyecto del SOE.

Pero el aspecto más complejo del proyecto es el “borronazo” que se establece por una vez para las personas que al 31 de diciembre de 2011 tenían deudas impagas por menos de $2.500.000. El que estas deudas sean eliminadas del Dicom lleva a que los sectores de bajos ingresos sean mucho más riesgosos para los acreedores, lo que los deja como sujetos no atractivos de crédito, o con un mayor costo de intereses para financiar ese riesgo. Finalmente, termina siendo un castigo para los buenos pagadores, quienes para mantenerse como sujetos atractivos de crédito seguramente deberán mostrar su información, con costos más altos para ellos y los acreedores. Complejo es también que se diga que esta ley “da una segunda oportunidad ya que todos nos podemos equivocar”. Para ser parejo, esta segunda oportunidad debe ser para todos y habría que repetir este “borrón y cuenta nueva” cada cierto tiempo, con un efecto muy dañino para los incentivos. El que este proyecto haya sido aprobado por la unanimidad es una grave muestra de populismo de nuestros parlamentarios, que prefieren “romper el termómetro cuando hay fiebre”. No es el médico el que más se perjudica en este caso, sino el paciente.