Libertad económica, democracia y Estado

Gloria De la Fuente

Chile se ha ubicado en los últimos diez años como uno de los países de mayor libertad económica, según el índice de la Heritage Foundation, que nos pone en el lugar 20, aunque con una baja producto de los escándalos de financiamiento de la política que han mermado la confianza pública.

Por cierto, un índice como éste no se refiere a cuestiones tales como desigualdad o desarrollo humano, que son también indicadores relevantes del foco fundamental que debiera tener una sociedad. Tras esta medición existe un supuesto, declarado en su propia web: que la ausencia de libertad económica y de oportunidades condena a los países a la pobreza. No cabe duda de que la experiencia de la humanidad nos demuestra que ello es, al menos, discutible, desde el punto de vista político como económico, pero plantea un desafío relevante para los Estados.

Desde lo político, es clave pensar en la fortaleza de los sistemas democráticos. No es la libertad económica la que trae necesariamente menos pobreza y mayor bienestar; se trata de un sistema cuyas instituciones no sólo estén enfocadas en la generación de condiciones para el crecimiento o el desarrollo económico, sino en que estos sean correctamente distribuidos para que ningún miembro del sistema esté en desventaja. Esto es un sistema donde la libertad y la igualdad operen a través de instituciones que funcionen con altos grados de legitimidad, donde el Estado de derecho funcione, donde la transparencia y la probidad se impongan a la corrupción, en otras palabras, se trata de democracias de alta calidad. En tal cuadro, una democracia que funciona puede generar condiciones para la libertad económica, pero la libertad económica que traería mayor desarrollo económico no necesariamente trae mayor democracia.

De hecho, tal como muestran Mainwaring y Pérez-Liñán (2004), es a lo menos cuestionable que la variable desarrollo y crecimiento económico sea constitutiva del desarrollo democrático para América Latina, lo que marca una diferencia con la tesis de Lipset de fines de los años 50, que demostraba esta correlación para los países desarrollados. De hecho, la evidencia parece indicar lo contrario, según estos autores, porque la excepcionalidad de América Latina se basa justamente en que no es posible establecer una relación de influencia entre el nivel de desarrollo y la democracia.

Desde el punto de vista económico, la idea de que la mayor libertad económica trae disminución de la pobreza también tiene un sesgo. Una mayor libertad económica, en ausencia de políticas públicas relevantes, puede no disminuir la pobreza y contribuir a la concentración de la riqueza. El caso de Chile sirve para ilustrarlo: si bien la pobreza ha disminuido casi 30 puntos desde la recuperación de la democracia en 1990, lo que nos habla de una serie de políticas públicas exitosas y sostenidas en la materia, tenemos un debate pendiente sobre la distribución de la riqueza. Chile sigue siendo un país desigual, donde las oportunidades están distribuidas de manera inequitativa. Si bien las políticas públicas han avanzado en esta línea en los últimos años, es preciso generar un compromiso mayor de los gobiernos respecto a romper estas formas de la desigualdad, que están en la base de la sociedad y requieren una mirada integral sobre el rol del Estado.

Se trata, por tanto, no sólo de crear un clima de negocios adecuado, sino de un progreso que alcance para todos. Eso es la base de la paz social y de un sistema de libertad económica que ponga al centro no la acumulación de riqueza, sino que el bienestar de sus ciudadanos.