Los puntos ausentes de la reforma tributaria

Alvaro Moraga, académico de la UAI y socio de Moraga & Cía.

Durante los últimos días, el proyecto de modernización tributaria se ha apoderado de la agenda política y económica, generando una serie de comentarios que no apuntan más que a una discusión ideológica, sin fondo ni forma.

Lo más preocupante de la iniciativa presentada por el Ejecutivo radica en dos partes: su politización, y una arista más profunda y técnica que hasta hoy pocos han considerado: los puntos ausentes.

A mi juicio, son a lo menos cinco los aspectos ausentes, los cuales sin orden de prioridad se encuentran: la baja de la tasa del impuesto a las empresas, la modificación de la forma de tributación de las personas naturales, la autonomía constitucional del SII, el establecimiento de un sistema que incentive las donaciones, y un nuevo estatuto para los inversionistas extranjeros.

Con respecto al primer punto, estamos hablando de una promesa de campaña del presidente Piñera. La tasa de impuesto de Primera Categoría se llevó desde el 20% a 27% en un plazo de cuatro años, lo que provocó que todos los proyectos de mediano y largo plazo se paralizaran. Y la esperanza del mercado era que con la llegada de la nueva administración se pudiera corregir este elemento, lo que no ocurrió, salvo para las PYME.

Por otro lado, en un país en desarrollo cada vez resulta menos comprensible la estructura del impuesto Global Complementario, donde las personas naturales pagamos por ingresos brutos sin la posibilidad de descontar ningún gasto (salud, vivienda, educación, permisos de circulación, sueldos a trabajadores de casa, etc.). Así, es un impuesto a los ingresos y no un impuesto a la renta. Este punto es uno de los que nos deja más al debe en comparación con los otros países OCDE con los que nos gusta entrar en comparaciones.

Además, se dejó absolutamente de lado considerar la necesaria autonomía del SII, que resulta altamente beneficiosa por una serie de razones, principalmente a fin de que no suceda lo que ocurrió en el gobierno de la presidenta Bachelet, en el que el director nacional recibió presiones desde La Moneda para actuar en favor de un determinado sector político. Recordemos que el director nacional es dependiente directo del ministro de Hacienda, a quien debe reportar y quien le puede solicitar la renuncia en cualquier minuto. Entonces, si lo que se quiere es a un SII técnico y despolitizado, se le debe otorgar autonomía constitucional, quizás siguiendo el modelo que tiene el contralor general de la República.

En cuarto lugar, un ítem que se extraña en los cambios a la normativa tiene que ver con el sistema de donaciones para las empresas. Si bien es cierto que en el proyecto hay una inclusión de este tema en lo que refiere a artículos de primera necesidad, es necesario colocarnos al nivel de los países desarrollados, donde se permita incentivar la participación de las empresas de manera directa en cuestiones tan determinantes como la innovación, la educación y el apoyo directo en obras que vayan directo a erradicar la pobreza.

Finalmente, y quizás lo más grave (por sus efectos a largo plazo) es que sigue pendiente el nuevo estatuto para el inversionista extranjero, considerando que en la reforma de la presidenta Bachellet se derogó el DL 600 con la promesa de la pronta promulgación de un nuevo estatuto, más acorde con los tiempos. Y hoy, lamentablemente, las señales son alarmantes: por una parte, en menos de 5 años se ha intervenido la legislación tributaria en forma sin precedentes, sobre la base de un sistema legal que permite que las mayorías ocasionales puedan, cada 4 años, modificar lo hecho en este tema por el gobierno anterior, y, por la otra, se elimina un estatuto que si bien ya era muy poco usado, no se le da la prioridad a la discusión del nuevo. Los proyectos de mediano y largo plazo, que son determinantes para llegar al desarrollo, requieren de legislaciones con reglas claras, seguras y estables.

Con todo lo anterior, no debemos entender que la reforma sea mala y no deba aprobarse. Por el contrario, los cambios que se buscan aprobar son claramente positivos. Sin embargo, el camino al desarrollo es largo, nos encontramos estancados, en un período de inestabilidad y sin señales reales y audaces pro inversión, lo que a largo plazo podría traer consecuencias regresivas para un correcto desarrollo del país y de sus habitantes.