Inversión pública y ciudades: “update” al Presupuesto

Marcela Ruiz-Tagle

El gobierno anunció esta semana la extensión del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de cobertura universal, el que acompañó con la creación de un IFE Laboral para promover el empleo. El costo estimado de ambas medidas equivale aproximadamente al 2,3% del PIB, con lo que se profundiza el desequilibrio de las cuentas fiscales y aumenta la presión respecto de la credibilidad de los supuestos y trayectoria de ajuste usados para la preparación del Presupuesto Público 2022.

Para tener una medida de comparación, el costo de ambos IFE equivale a lo que el país destina anualmente a inversión pública, es decir, a infraestructura en salud, educación, vivienda, vialidad, por mencionar algunos. En términos territoriales, si consideramos la inversión pública que materializan los gobiernos regionales, esta no alcanza a representar el 0,5% del PIB.

Ambas cifras, en condiciones de normalidad, se encuentran por debajo del promedio que invierten los países OCDE, los cuales destinan 3,1% del PIB a inversión pública, cifra que alcanza al 2% del PIB en el caso de sus gobiernos subnacionales. Esta situación da luces, en parte, respecto de por qué a pesar de los esfuerzos realizados mantenemos un déficit en materia de infraestructura y el posible impacto de desequilibrios fiscales en este ámbito.

Si bien la expansión del gasto público de los últimos dos años fue consecuencia del Covid, la crisis económica y el avance de la pobreza, la elaboración del presupuesto requiere incorporar con urgencia en su marco de diseño el hecho de que la mayoría de la población vive en ciudades y que en ellas se expresan inequidades de larga data necesarias de enfrentar. Asumir esta realidad debiera inducir a una planificación de la inversión integral con la mirada en el territorio y no sectorial, como ha ocurrido hasta ahora en nuestro país, y más aun en un contexto en que se anticipan restricciones presupuestarias.

La “arquitectura presupuestaria” de agrupar las iniciativas de inversión en partidas sectoriales, aprobar umbrales de gasto por año calendario o no considerar en las decisiones los requerimientos regionales, imposibilita comprender el impacto y sinergia que determinados proyectos pueden significar en un territorio determinado. También resulta ineficiente en el largo plazo, impide optimizar los recursos públicos y no mejora como debiera la calidad de vida de los ciudadanos.

¿No será el momento de revisar la forma en que se diseña el presupuesto de la nación? ¿Vincular las inversiones a las necesidades específicas de cada región o localidad? ¿Complementar inversiones entre sectores, adoptar instrumentos efectivos de coordinación y responsabilidad conjunta entre el gobierno central y regional para las decisiones de inversión pública, y considerar la articulación entre gobiernos regionales?

Esto promovería economías de escala, evitando la duplicación de inversiones y acotando posibles externalidades. Y también permitiría, de una buena vez, transparentar y avanzar en el diseño de presupuestos plurianuales de la inversión pública.