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Matko Koljatic

Cheques para las universidades estatales

Matko Koljatic Profesor titular Escuela de Administración UC

Por: Matko Koljatic | Publicado: Miércoles 14 de junio de 2017 a las 04:00 hrs.
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La presidenta Bachelet nos notificó en su Cuenta Pública 2017 que las reformas impulsadas por su gobierno fructificarán en el tiempo y que por lo tanto, será la historia la que juzgará su presidencia. Días después, el gobierno envió un proyecto de ley cuyo objetivo es “establecer un marco jurídico que permita que las universidades del Estado fortalezcan sus estándares de calidad académica y de gestión institucional, y que contribuyan de forma permanente en el desarrollo integral del país”.

Pareciera que ambas situaciones están relacionadas, particularmente en cuanto a la disposición que propone “un Plan de Fortalecimiento de carácter transitorio, que tendrá una duración de diez años”, en que “los recursos totales ascenderán a $ 150.000.000 miles”. Es decir, el gobierno pretende girar 10 cheques “a fecha” por unos US$ 22 millones por año -por diez años- a favor de las 18 universidades del Estado de Chile. Por cierto, en las universidades estatales recibirán estos cheques con beneplácito y juzgarán la gestión de gobierno de la presidenta Bachelet con benevolencia.

Más allá de la peculiaridad legislativa de que se anuncie un fondo “sin fondos”, que obligará a recortar otros gastos o endeudar al Estado -se habla de un préstamo del BID para este efecto-, tengo dudas sobre la efectividad del mismo. Aunque el proyecto enumera seis líneas de acción del plan que son atingentes a la mejora de la calidad, “la aprobación, supervisión y seguimiento de las iniciativas y proyectos propuestos por las universidades del Estado que se financien en virtud del plan recaerán en un Comité del Plan, integrado por el ministro o ministra de Educación, quien lo presidirá, y cinco rectores de universidades del Estado”. Es evidente en esta redacción que no se está respetando dos principios claves del control de gestión: la separación de funciones y la ausencia de conflictos de interés. ¿Qué incentivos tendrán esos rectores para rechazar o exigir medidas correctivas en un proyecto de una universidad par? ¿Por qué no integrar el comité con académicos extranjeros, que actúen con independencia y con un alto nivel de exigencia?

Hay precedentes que dan motivos adicionales para ser escéptico respecto al nivel de exigencia del comité. El instrumento clave en el aseguramiento de la calidad de las instituciones de educación superior es la acreditación administrada por la CNA. Pues bien, las universidades estatales han sido exceptuadas de estar acreditadas para acceder a la gratuidad. Por ejemplo, la Universidad Arturo Prat, que tiene una acreditación de tres años, fue admitida a la gratuidad solo por su condición de universidad estatal, ya que para todas las demás universidades es requisito la acreditación de cuatro años para que sus alumnos accedan al beneficio. Una situación similar, ocurre con las nuevas universidades regionales de O’Higgins y de Aysén.

Existe la disculpa de que estas excepciones fueron aprobadas en el Congreso, ya que son ley. En mi opinión, ello agrava la situación. Como ciudadanos debemos estar dispuestos a apoyar a las universidades con nuestros impuestos, pero también tenemos el derecho a exigir excelencia en su operación y resultados.

Hay, sin embargo, en el proyecto de ley una esperanza de que ese nivel de exigencia exista a través de dos de sus disposiciones. Por una parte, se reforma el gobierno universitario estableciendo que el máximo órgano colegiado de las universidades sea un Consejo Superior conformado mayoritariamente por profesionales externos a la universidad, de reconocida experiencia e idoneidad en actividades académicas o directivas y vinculados a la región, en un símil de lo que es un directorio. La segunda disposición que me parece importante es la creación de la Contraloría Universitaria sujeta a la dependencia técnica de la Contraloría General de la República.

El cambio en la gobernanza de las instituciones era una reforma pendiente para evitar la captura de éstas por parte de sus académicos. La importancia de la Contraloría es evidente dados los tiempos que corren.

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