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Columnistas

02/12/2016

Mayor transparencia en las reasignaciones y en la gestión presupuestaria

Ernesto Silva diputado UDI

  • Por Ernesto Silva

    Ernesto Silva

    El Congreso ha estado tramitando, a marcha forzada y con las limitadas atribuciones que tiene, la ley de presupuestos del sector público para el año 2017.

    Los parlamentarios hacen uso de esta instancia para marcar puntos al gobierno, rebajando o no aprobando los presupuestos de los organismos que han tenido problemas en su gestión durante el año.

    Sin embargo, a partir de diciembre el gobierno se libera del Congreso y de las dificultades para aprobar las partidas presupuestarias. El Poder Ejecutivo inicia un camino para ir modificando –sin la necesidad de pasar por el parlamento- este presupuesto discutido y aprobado por diputados y senadores. Para ello dicta centenas de decretos (que no fundamentan ni explican la razón de los cambios), que redistribuirán cientos de miles de millones de pesos que quedaron en el Tesoro Público, pudiendo aumentar casi todo tipo de gastos.

    Solo trimestralmente enviarán una copia de estos decretos al Congreso, junto con un informe en el que no se explica ni el origen o destino de los fondos, ni la razón para hacer los cambios.

    Al revisar el presupuesto del año siguiente, es posible observar partidas que sufren modificaciones muy importantes. El caso más emblemático fue el aumento de recursos para el proceso constituyente, donde, a pesar del compromiso del Gobierno de no aumentarlos, durante el año se le reasignaron platas provenientes del presupuesto de seguridad pública y del Servicio de Impuestos Internos. Sin que el Congreso pudiera pronunciarse ni controlar, el Ejecutivo aumentó discrecionalmente los recursos para el tema más controvertido de la ley presupuestaria de 2016, haciendo evidente la urgencia de incorporar mayor transparencia y exigencia en la forma de hacer reasignaciones. Hay cientos de casos como ese. Por ejemplo, la reducción del Plan Estadio Seguro o el aumento del Plan de Formación en el Puesto de Trabajo.

    Si bien es importante que el gobierno disponga de flexibilidad para ajustar prioridades a lo largo del año, lo mínimo es que lo informe al Congreso oportunamente y de manera clara, para que exista el debido seguimiento, control y fiscalización de la gestión del estado.

    Por ello, los parlamentarios de la UDI hemos impulsado medidas para mejorar la transparencia. Primero, hemos solicitado al Ministerio de Hacienda que incluya una norma que obligue a la Dipres a enviar mensualmente los decretos de modificación presupuestaria y un informe mensual que muestre los movimientos en cada partida y de razón de los cambios realizados. También, a través de una indicación, hemos incluido una norma para limitar el gasto en publicidad durante este año electoral.

    Chile cuenta con un muy buen sistema presupuestario e instituciones de muy buen nivel en su elaboración y ejecución, pero existen nuevos desafíos. Espero que este sea el primer paso de una agenda de transparencia 2.0 en la ejecución del presupuesto, de manera que tanto el Congreso como la opinión pública puedan conocer de manera oportuna y en un formato adecuado, qué hace el gobierno durante el año con los recursos que asigna y justifica en la discusión del presupuesto.

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