Mitigación o adaptación?

No es mi intención confundir al lector con el título de esta columna. Mitigación y adaptación no se oponen, sino que son el indispensable complemento para una efectiva acción, estatal y privada, en el combate del cambio climático.

Sin embargo, ciertos acontecimientos del último tiempo, climáticos o derivados de éste, han llamado la atención por su carácter inusualmente violento o extemporáneo, y han hecho evidente la falta de preparación de nuestro país, del Estado y privados, para adaptarse a las variaciones que experimentará el clima en el futuro cercano.

En primer lugar, tenemos la prolongada sequía que ha afectado a gran parte del país, en particular desde el centro norte al centro sur. Esta mengua de lluvias, de la que cualquier agricultor de cierta edad de la zona central puede dar fe, se convertirá a futuro en el “nuevo normal”.

En segundo y tercer lugar, tenemos el brutal incendio que afectó el centro sur del país, y los aluviones que cortaron el suministro de agua potable a millones de chilenos por varios días.

En tal perspectiva resulta lamentable que el actual gobierno no haya cumplido con su promesa de crear un Comité Corfo para coordinar la acción estatal y privada en orden a ejecutar medidas de adaptación y mitigación.

Junto con la implementación de la medida anterior, el Estado chileno debe aprovechar al máximo los fondos internacionales (como el “Climate Investment Funds”) disponibles para combatir el cambio climático a través de bancos multilaterales de desarrollo, poniéndose el foco en la implementación de medidas de adaptación.

Poner el foco en adaptación no significa dejar de lado los esfuerzos de mitigación. El Acuerdo de Paris de 2015 marcó un punto de inflexión en el devenir de la legislación de cambio climático, al restarle importancia al antes omnipotente principio de Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas, haciendo extensivo a todos los países del orbe, industrializados y no industrializados, el esfuerzo de mitigación del cambio climático.

La adopción de políticas de incentivo de uso eficiente del recurso hídrico para la industria minera y la agricultura, y en general la preparación de la población para eventos climáticos extremos (incendios, aluviones, desaparición permanente de glaciares, brotes agresivos de marea roja, etcétera) deberán a futuro concentrar los esfuerzos del Estado chileno y el sector privado, ambos coordinados, para disminuir los efectos adversos del calentamiento global.

Los riesgos para la economía, e incluso la vida y salud de las personas, son demasiado altos para tolerar sin más la inacción de las autoridades responsables en la materia.