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Modernización tributaria: justicia y eficiencia

John Henríquez Abogado Libertad y Desarrollo

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Recientemente ingresó a tramitación al Congreso la anhelada modernización tributaria, una de las principales banderas de campaña del actual gobierno. Dicha discusión es mayoritariamente técnica, pero no debemos olvidar sus componentes filosóficos.

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Adam Smith, padre de la economía liberal, en “La Riqueza de las Naciones” se refirió a las tareas legítimas u obligaciones del Estado. El filósofo moral señaló que el Estado, además de encargarse de la defensa nacional y la administración de justicia, debía “establecer y sostener aquellas instituciones y obras públicas que, aun siendo ventajosas en sumo grado a toda la sociedad, son, no obstante, de tal naturaleza que la utilidad nunca podría compensar su costo a un individuo o a un corto número de ellos y, por lo tanto, no debe esperarse que éstos se aventuren a fundarlas ni a mantenerlas”. Así, contrario a la creencia popular, Smith adhiere a una intervención estatal acotada, la recaudación de fondos vía impuestos e incluso a que estos sean progresivos (que quienes ganen más, aporten en mayor proporción).

Respecto de la forma de recaudar impuestos para el financiamiento de bienes públicos debemos ser cautelosos. Los sistemas tributarios, para ser eficientes y evitar distorsiones, deben cumplir con ciertos principios. De esta manera, para evaluar el mérito de la propuesta del Ejecutivo, debemos analizar si la iniciativa avanza en simplicidad del sistema, equidad y eficiencia.

El sistema tributario vigente carece de equidad horizontal. Hoy, una persona que recibe dividendos de una sociedad que tributa en el sistema semiintegrado con base en utilidades retiradas, sólo puede destinar el 65% del impuesto pagado por la empresa como crédito a sus impuestos personales, por lo que termina pagando una mayor tasa que el ingreso del trabajo, a pesar de que se trate de los mismos montos. En este caso, estamos frente a una distorsión injusta, en que se termina afectando tanto a los dueños de las PYME como a la inversión. Peor es el panorama para un chileno en comparación con un inversionista de un país con el que Chile tenga convenios de doble tributación.

Asimismo, debemos tener en consideración que el sistema tributario altamente complejo creado por la reforma de la administración anterior, difícil de fiscalizar para el Servicio de Impuestos Internos y con elevados costos de cumplimiento, no contribuye a generar certidumbre y simpleza para los contribuyentes, otro atributo que debiera tener un sistema impositivo.

Respecto del principio de eficiencia, recordemos que la literatura económica indica que los impuestos con mayor impacto negativo sobre el PIB y el empleo son los que recaen en las empresas, seguidos de los impuestos personales y, por último, los impuestos al consumo y a la propiedad.

Concluyendo, la idea de reintegrar nuestro sistema es un avance y es coherente con el ideal de justicia en materia tributaria, toda vez que resguarda la equidad horizontal y evita la doble tributación de los ingresos del capital proveniente de las utilidades de las empresas.

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