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Modernización tributaria

Por: Javier Jaque, Centro de Estudios Tributarios Universidad de Chile | Publicado: Jueves 20 de diciembre de 2018 a las 04:00 hrs.
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Javier Jaque, Centro de Estudios Tributarios Universidad de Chile

Se ha analizado y discutido acerca de si lo planteado por el gobierno en el proyecto de modernización tributaria corresponde a una modernización o incorpora elementos que puedan ser considerados como una reforma propiamente tal. Al parecer, la diferencia que se pretende otorgar a estos conceptos es algo meramente semántico, debido a que en realidad lo importante es evaluar si los cambios se justifican a tan poco tiempo de haber entrado en vigencia el nuevo sistema 2017-2018; si aportan al desarrollo del país y si pueden ser rápidamente absorbidos por el mercado, yendo en directo beneficio de quienes operarán el sistema y las empresas en general.

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Frente a las interrogantes que se plantean a nivel del mercado, resulta interesante recordar que todos los cambios que se han venido efectuando desde la reforma del año 1984 e incluso con modificaciones del año 1979, han ido dejando rezagos en el sistema, los que de una forma u otra tienen efectos sobre el actual régimen. Como consecuencia de esto, hoy existe una gran dificultad y complejidad para que las empresas determinen sus impuestos, lo que naturalmente, por un lado, provoca errores involuntarios y, por el otro, genera un aumento en los costos que tienen que asumir las empresas para cumplir con la obligación del pago de los tributos.

En cuanto a este proyecto, es relevante mencionar que no solo considera modificar el sistema de renta, sino que también incorpora nuevos elementos que vale la pena destacar, tales como la creación de la Defensoría de los Contribuyentes; así como la inclusión de impuestos digitales, la boleta electrónica, normas sobre repatriación de rentas y pago sobre FUT acumulado, solo por nombrar algunas modificaciones.

Respecto de estos nuevos elementos en el sistema impositivo, cabe destacar que, en primer lugar, no complejizan nuestro actual sistema y, en segundo lugar, no generan externalidades negativas que requieran una gran discusión a nivel país.

En relación a la primera medida, es evidente que se requiere de un organismo que facilite la defensa de los contribuyentes, sobre todo en el sector de las PYME. Un aspecto que se echa de menos en el proyecto es que este organismo también pueda representar a los contribuyentes ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros y no solo intervenga frente al Servicio de Impuestos Internos. Al no considerar su defensa en ambas instancias, queda la sensación de que no es una medida suficiente para el beneficio del contribuyente.

En cuanto a la creación de impuestos digitales y la incorporación de la boleta electrónica, existe consenso en que ambas son iniciativas que irán en directo beneficio de la recaudación y quizás también aportarán con justicia y equidad al sistema, en cuanto al cumplimiento tributario. Por lo mismo, ¿quién podría oponerse a que las empresas que no pagan impuestos por la entrega de servicios digitales tengan que asumir una carga tributaria? y ¿que los contribuyentes que no estén entregando boletas tengan una traba adicional al incumplir con su obligación?

Sin embargo, hay que tener claridad de que la normativa es perfectible, pudiendo ser más precisa y mejorar su implementación. Eso, sin duda, se discutirá en el Parlamento, sólo se espera que se aplique de manera exitosa para el país.

En cuanto la incorporación de nuevas normas sobre repatriación de rentas con una tasa del 10% -en vez del 8% del gobierno pasado- y la reinserción del pago de tributos sobre el FUT acumulado convirtiendo éste en utilidades que pueden ser retiradas en cualquier momento, existe bastante discusión sobre ambas materias.

Sobre la reincorporación de la norma de repatriación de rentas se dice que podría generar un efecto negativo. Este tipo de normas, denominadas "perdonazos por incumplimientos" son de excepción, por lo que de volver a incorporarse podrían generar un incentivo de incumplimiento con el pago de tributos. Un antecedente importante a considerar es que de acuerdo a la información recabada del proceso anterior, las rentas que salieron del país no necesariamente lo hicieron con la intención de no pagar impuestos, sino como reacción a momentos históricos político-económicos. En un sentido inverso, la incorporación de la norma genera recursos inmediatos y constantes al país, a través del reconocimiento de rentas en años venideros.

Por otra parte, en el caso de la reinserción del pago de tributos sobre el FUT acumulado no debiera generar problemas futuros, ya que gran parte de los contribuyentes de alto patrimonio se acogió al beneficio tributario en el gobierno anterior y los que lo hagan ahora se subirán al carro de contribuyentes que agotaron la tributación sobre el FUT, beneficio que "se prometió se eliminaría".

Bajo este nuevo escenario de tributación, en el que se tributa sobre los retiros que se imputan a las nuevas utilidades generadas, la tributación del FUT debiera considerarse como una buena noticia, ya que de no operar la norma esas utilidades seguirían estancadas sin pagar los impuestos hasta el retiro de las utilidades, recordando que el orden de imputación que se les asignó corresponde al último lugar.

Dejando de lado el análisis de la recaudación que se espera -producto de las modificaciones propuestas por el gobierno, las que garantizan neutralidad en las arcas fiscales-, quizás uno de los puntos más débiles del proyecto es la complejidad que alcanza el sistema principalmente por los cambios en la tributación de las rentas. Podía argumentarse que son modificaciones que buscan renovar, mejorar o incluso actualizar el sistema al contexto actual. Lo cierto es que técnicamente el país no ha alcanzado a absorber todos los cambios de la reforma tributaria anterior.

Ante este escenario y los cambios que infaliblemente intentarán realizar las próximas administraciones, es momento que algún gobierno haga cambios de fondo y no solo un ajuste formal al actual sistema, que considere dejar al lado todas las modificaciones que han afectado el actual sistema desde el año 1979. La idea, aunque quizás es poco académica y técnica, sería partir desde cero.

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