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Columnistas

25/11/2016

Navegar en la nueva institucionalidad pro competencia

Presidente de Fundación Generación Empresarial

  • Por Gonzalo Said

    La libre competencia es el motor de la economía, ya que asegura el derecho de todas las empresas y personas a participar con eficiencia y en igualdad de condiciones en las actividades económicas, ofreciendo productos y servicios con la mejor combinación de precio, calidad, seguridad, variedad e innovación, maximizando el bienestar de los consumidores y de la sociedad en general. Así, la promoción de la libre competencia se encuentra en el centro de la actividad empresarial y el Estado debe jugar un rol crucial en su promoción y fiscalización, porque el respeto a ella es un pilar esencial para la sostenibilidad del sistema.

    En parte debido a sucesivas transgresiones en este ámbito y a la esperable demanda ciudadana y de las autoridades -incluidos los organismos fiscalizadores- por más exigencias y penas ejemplares, la regulación e institucionalidad de libre competencia culminó recientemente un proceso de transformación profunda. La lista de cambios no es menor: disminuyó el estándar de prueba para comprobar acuerdos anticompetitivos por parte de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), la que obtiene mayores poderes intrusivos en las investigaciones. Aumentaron también los eventuales castigos civiles y penales para empresas y personas, incluyendo eventuales penas de cárcel e inhabilitaciones para ejercer cargos de responsabilidad en empresas y gremios. Se reforzó la delación compensada, se aumentaron las exigencias a las operaciones de concentración y se limitaron las libertades del interlocking.

    Pero las mayores atribuciones de la Fiscalía Nacional Económica y las nuevas exigencias a las empresas en esta materia no debieran entenderse sólo como el incremento de las regulaciones por parte del Estado, sino también como una oportunidad para tratar la libre competencia con la seriedad e importancia que el tema merece, en el entendido de que no todas las empresas han estado a la altura de los desafíos y que las infracciones incurridas por una o algunas de ellas provocan graves daños en las confianzas, en el óptimo funcionamiento de los mercados y en la valoración que tiene la ciudadanía de los principios éticos que guían el actuar de las empresas.

    Entre los grandes retos que acarrea este nuevo marco regulatorio destaca el fomento y protección de una cultura de libre competencia al interior de cada empresa, a través del entrenamiento y formación de los trabajadores de todos los niveles jerárquicos. Esto implica gobiernos corporativos comprometidos e involucrados, capaces de transmitir con fuerza al resto de la organización sus convicciones éticas y compromiso con las mejores prácticas. Con esta base consolidada, es fundamental construir programas eficientes de libre competencia, que detecten los riesgos inherentes de cada actividad, proveyendo las herramientas necesarias para minimizarlos, incluyendo mecanismos que faciliten la prevención y detección temprana de transgresiones, así como un adecuado sistema de respuesta y mejora continua.

    Definir exigentes estándares que vayan más allá de los mínimos legales es otra de las tareas pendientes que campea en este nuevo escenario. La tendencia en mejores prácticas apunta a incorporar las materias de libre competencia dentro de las atribuciones de las áreas de ética y cumplimiento, con reporte periódico al directorio, volviendo estas materias parte esencial del desarrollo sustentable del negocio.

    Sin embargo, todo lo anterior sirve de poco si las nuevas facultades de la FNE no vienen acompañadas de claras indicaciones acerca de la necesidad de independencia política e ideológica, altas capacidades técnicas y comprobado buen juicio en su trayectoria profesional en lo que refiere a la persona del fiscal, así como de mayores exigencias sobre el manejo de información confidencial -muchas veces estratégica para los negocios- que forma parte de sus nuevas capacidades intrusivas. Esto último hará exigibles mayores grados de prudencia en la protección y uso de dicha información. En esto, las empresas y la ciudadanía deben ser vigilantes y demandar garantías para todas las partes. Sólo en el contexto de un respeto mutuo es que las empresas verán a la institucionalidad pro competencia como un socio estratégico en el objetivo de construir mercados más competitivos, con sentido de bien común, donde todos los chilenos seamos y nos sintamos beneficiados.

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