Nuevos mecanismos de solución de controversias tributarias

Cristian Bonacic, senior manager de Tax & Legal de Deloitte

En los últimos días ha surgido un interesante debate sobre algunas de las medidas que el proyecto de ley de modernización introduce al Código Tributario, particularmente centrado en la norma general antielusión. Sin duda, esa materia será una de las que mayor discusión concentre en la tramitación legislativa, particularmente por las voces contrapuestas que se han dejado oír en este ámbito.

Ahora bien, dentro de otras modificaciones que propone el proyecto se encuentran algunas que, por el momento, no han generado tal nivel de debate, lo que parecería indicar un mayor grado de consenso en su adopción. Me refiero en particular a dos medidas que fortalecen los mecanismos de solución de controversias tributarias en forma previa a la etapa judicial: la creación del recurso jerárquico y la introducción del avenimiento extrajudicial.

Por el primero se pretende que la resolución que se emite en el ya existente recurso administrativo de reposición (RAV) pueda ser revisada por la existencia de vicios o errores de derecho en la aplicación de las leyes tributarias y en las normas e instrucciones impartidas por el director del SII. Es decir, se trata de un mecanismo que tendrá por objeto velar para que las resoluciones recaídas en este procedimiento se ajusten estrictamente a la legalidad y a las instrucciones administrativas, avanzándose en certeza jurídica.

Por el segundo se pretende que los juicios tributarios iniciados puedan ser objeto de un avenimiento extrajudicial respecto de ciertas materias, sin necesidad de que exista un desistimiento del reclamo. Si bien proponemos que la facultad de pronunciarse sobre el avenimiento se entregue al director regional –no al director del SII, como se propone en el proyecto- se trata ésta de una favorable medida que incluso pretende aplicarse a juicios en actual tramitación.

Según recientes publicaciones, a marzo de 2018 existían cerca de 2.500 causas judiciales tributarias sin resolución, radicándose el 78% de ellas en los cuatro Tribunales Tributarios y Aduaneros de la Región Metropolitana (1.934 causas). Por esto, las medidas que se proponen parecen ir en la senda correcta para descongestionar la labor judicial y, a la vez, dar mayores oportunidades para que las controversias tributarias puedan resolverse por medios alternativos y con mayor prontitud.