Olga Feliú

AFP y marchas

Olga Feliú Consejera del Colegio de Abogados

Por: Olga Feliú | Publicado: Jueves 25 de agosto de 2016 a las 04:00 hrs.
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Las AFP son sociedades anónimas cuyo objeto exclusivo es administrar los fondos de pensiones, otorgar y administrar las prestaciones y beneficios que establece la ley. Las cotizaciones y los beneficios también son materia de ley. Los fondos de pensiones se forman con las cotizaciones de los afiliados y de los intereses que éstas generan. Así, el cometido de cada AFP es preciso: administrar los fondos de pensiones y por tal tarea tiene derecho a percibir una comisión.

Atendida la importante función asignada por el Estado, las AFP se encuentran controladas por un organismo público con facultades cuidadosamente regladas.

Las AFP han cumplido de manera extraordinariamente eficiente la tarea que les encomendó el legislador pues recaudan las cotizaciones, entregan los beneficios y han obtenido excelente rentabilidad, la que cede en beneficio de los imponentes que son dueños de sus cotizaciones y de las rentas que éstas generan.

Así, es improcedente –y debiera ser inconducente- el reproche a las Administradoras o la petición de su término por las bajas pensiones. Las bajas pensiones tienen causas claras: bajas rentas, falta de cotizaciones y tiempo proporcional a las expectativas de vida.

Lo que se discute, en verdad, es sobre la seguridad social que es un concepto amplio y reconoce que existen circunstancias en las que el ser humano requiere de bienes y servicios indispensables para vivir y que, en razón de un estado de necesidad, se encuentra en la imposibilidad de acceder a ellos. La previsión –especie de la seguridad social- se ocupa del establecimiento de sistemas de pensiones, como retribución a los años de trabajo y en el que las cotizaciones son su fundamento. Tales cotizaciones son y deben ser obligatorias porque su ausencia obliga al Estado a asumir el riesgo de la falta de recursos en la vejez, como estado de necesidad de la persona.

Volver la previsión al antiguo sistema de reparto, administrado por el Estado, sólo puede justificarse por una aspiración política que busca la estatización del país, olvidando la experiencia, que enseña que era un sistema deficiente e injusto. Expresaba el profesor Novoa, en 1973, que “…en el régimen previsional chileno se da toda suerte de discriminaciones y privilegios, que lo hacen sumamente injusto, pues, en definitiva, tales discriminaciones y privilegios han tenido por efecto el que se concentre la tutela protectora de la Seguridad Social en las personas de ingresos medios y altos, y no en las de más bajos ingresos, como debería serlo”, agregando que tan gran esfuerzo que realiza la comunidad chilena en él, no se compadece con las deficiencias que ofrece.

El rudo ataque a las AFP debe ser examinado cuidadosamente y, especialmente, atender a cómo se ha hecho la difusión del sistema de pensiones para el cual la ley creó, en 2008, un fondo con cargo a todos los contribuyentes, para difundirlo. ¿Será esa difusión la que ha originado una confusión entre problemas de seguridad social y las AFP, entidades privadas ajenas a su solución?

Procurando una respuesta a los marchantes, se analiza ahora, para un mejoramiento de pensiones

–con urgencia inconciliable con la calidad- el establecimiento de una cotización adicional de 5% de cargo de los empleadores. Tal cotización reviste el carácter de tributo, pues es una exacción patrimonial impuesta por la ley a las personas en beneficio del Estado. Ella, tal como se describe, sería arbitrariamente discriminatoria porque no se justifica racionalmente que se imponga a empleadores la exacción obligatoria para un fondo solidario de terceros, ajeno a sus trabajadores. Así, el establecimiento de este tributo sería inconstitucional pues contravendría la igualdad tributaria sin perjuicio de su inconstitucionalidad porque tal gravamen quedaría afecto a una finalidad determinada.

La seguridad social y el sistema de pensiones, que es una especie dentro de él, son materias de alta complejidad jurídica y técnica que involucran importantes recursos y afecta la actividad económica del país. Por ello, su discusión debe hacerse en forma seria y reflexiva, apartándose de las fáciles, pero graves, soluciones populistas, que se avizoran.

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