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Olga Feliú

Indiferencia y apatía legislativa: el caso ConafL

Consejera del Colegio de Abogados de Chile

Por: Olga Feliú | Publicado: Viernes 3 de marzo de 2017 a las 04:00 hrs.
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Olga Feliú

Desde el ángulo de la institucionalidad, la situación de Conaf es particularmente anómala porque, pese a que actúa como organismo público, es una entidad privada que no tiene los resguardos propios de los servicios públicos. Incluso, sus trabajadores son particulares y tienen sindicatos. Ella nació en 1970 como corporación privada, constituida por dos entidades públicas: SAG y CORA. En 1984 una ley dispuso que sería institución estatal pero sujeto tal cambio a la dictación de un decreto supremo que pusiera término a la corporación privada. Como tal decreto nunca ha sido dictado, Conaf mantiene su condición de entidad privada.

En 2008, la ley sobre recuperación del boque nativo y fomento forestal le reconoció diferentes potestades públicas -sumándose a otras concedidas con anterioridad-. Al pronunciarse el T.C. sobre este proyecto de ley, si bien no objetó las facultades otorgadas, sí destacó la absoluta improcedencia constitucional de otorgar cometidos públicos a entidades privadas. Este fallo hizo expresa declaración sobre “la inconveniencia de la mantención de situaciones constitucionalmente anómalas” y una exhortación a los poderes colegisladores, particularmente al Ejecutivo, para regularizar la situación jurídica de Conaf y dotarla de facultades públicas.

Tal llamado del T.C. sólo vino a ser atendido el año 2011, en que el Ejecutivo propuso un proyecto de creación del Servicio Nacional Forestal. Sin embargo el Senado, por 17 votos, contra 14 y una abstención, rechazó la idea de legislar.

Este rechazo no fue en absoluto justificado, ni por cierto afortunado. El proyecto de ley había sido estudiado en 5 sesiones de las comisiones unidas de Agricultura y Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado, en las que se escucharon a diversos ministros, autoridades, funcionarios estatales, a los sindicatos de trabajadores de la corporación y a diferentes ONG, incluyendo representantes de colegios profesionales. Y los diez senadores, integrantes de ambas comisiones aprobaron la idea de legislar. Todos los planteamientos formulados en la discusión de la sala, que llevaron al rechazo, eran propios de una discusión en particular del proyecto. Debe destacarse que el examen del debate deja en evidencia la enorme influencia que pudo tener en el rechazo la situación de los trabajadores de Conaf, presentes en la sala.

Más adelante nadie recordó el tema, hasta que llegaron los terribles días de 2017, con los incendios que han asolado al país con trágicas consecuencias para las personas y los bienes, públicos y privados. Los incendios devastadores pusieron de relieve las falencias institucionales. En esos momentos las autoridades destacaron, con razón, que las críticas no eran oportunas, y que la época de los reproches y de su corrección, debieran ser posteriores, al hacer los balances necesarios.

Pues bien, ahora es entonces el momento de examinar la institucionalidad vigente y estudiar con seriedad cuál debe ser el exacto rol de Conaf, sea en relación con otras entidades públicas -materia ya planteada en la discusión del Senado en el 2011-, como asimismo frente a ONEMI y al combate de los incendios.

La tardanza que ha habido en enviar al Congreso un proyecto de ley que modernice Conaf, que precise sus funciones y defina las condiciones jurídicas de sus trabajadores, carece de toda justificación.

Estas situaciones debieran ser cuestionadas por la comunidad. Y una clarinada respecto de la actuación parlamentaria: ¿fue correcto rechazar en el año 2011 la idea de legislar del proyecto de ley de Conaf, indispensable por su rol institucional y requerido por el T.C.? Al hacerlo, la oposición de entonces debe haber quedado satisfecha pues había asestado un duro golpe político al gobierno y dejó tranquilos a los trabajadores.

La naturaleza nos recuerda su presencia y fuerza, pero ella pone de relieve los incumplimientos en que ha incurrido la autoridad y le impone nuevas obligaciones. Ya no hay más plazos y sí responsabilidades pendientes.

El caso de Conaf se debe corregir y su historia debiera servir de lección y no repetirse.

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