Olga Feliú

Publicidad gubernamental, TVN y Canal CulturalE

Olga Feliú Consejera del Colegio de Abogados

Por: Olga Feliú | Publicado: Jueves 26 de mayo de 2016 a las 04:00 hrs.
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Sorpresa ha causado la indicación legislativa que capitaliza US$ 70 millones en TVN y que destina US$ 25 millones al establecimiento de un canal cultural y educativo. Respecto del aporte a TVN se ha sostenido oficialmente que tales recursos están destinados a implementar la TV digital y no a paliar las pérdidas del canal, las que según informó éste a la SVS alcanzaron a US$ 37 millones.

Las críticas políticas y técnicas han surgido de inmediato. Interesa destacar que según opiniones expertas la implementación de la TV digital podría costar, para todos los canales, a lo sumo, US$ 50 millones. Igualmente, voces responsables han sostenido que para un canal cultural se requeriría US$ 3 ó 4 millones, y se agrega que el CNTV cuenta con abundante material cultural, proveniente de fondos concursables. Ahora, la Asociación de Rectores Estatales ha informado del valioso trabajo sobre televisión cultural, ya hecho por las Universidades en la materia. Además, no resulta verosímil pensar que este aporte sea sólo para implementar la TV digital, atendido su monto y la situación económica del canal.

El deterioro económico que presenta hoy TVN es demostrativo que las buenas leyes no permiten asegurar buen manejo económico en empresas estatales, ellas nunca serán suficientes porque se aplican por personas que no las respetan y/o yerran al actuar. Es imposible dejar de recordar las múltiples promesas en el Senado en el año 1992, al aprobarse el nuevo estatuto de TVN, cuando se sostuvo que el perfeccionamiento de las normas del proyecto de ley era tal, que aseguraba su autofinanciamiento y la igualdad de trato con todos los canales.

Ahora bien, no obstante la importancia que reviste el aporte y la cuantiosa pérdida de TVN -empresa “de todos los chilenos”- que no ha respondido a las expectativas de independencia y de auto financiamiento que se forjaron al aprobarse en los 90 su nuevo estatuto orgánico, la proposición de la Indicación Legislativa incide en un tema de superior trascendencia, pues se trata de un medio de comunicación. Esa condición de TVN es algo que jamás puede preterirse y que es esencial considerar en la discusión de ésta y cualquier otra proposición legislativa.

Esta consideración adquiere particular trascendencia si se advierte que el objeto de TVN, en el texto de 1992, era sólo el de operar y explotar servicios de TV, ahora, luego de una modificación, éste le permite “realizar todas las actividades propias de una concesionaria de servicios de telecomunicaciones, de televisión, radio, difusión sonora, de servicios intermedios de telecomunicaciones y de servicios audiovisuales, con iguales derechos, obligaciones y limitaciones”.

Esta amplia participación del Estado, en toda actividad de telecomunicaciones, es muy preocupante por el alto poder que le otorga, tanto en cuanto a medios como a contenidos. Al Estado le está vedado hacer propaganda o publicidad del Gobierno. Así se destacó en el Senado al discutirse una norma prohibitiva sobre publicidad y difusión. La limitación de publicidad reviste aún más importancia en períodos pre-electorales. Atenta a esas tentaciones la ley vigente le prohíbe incurrir en esos gastos “durante el período de campaña electoral...” Todas esas prohibiciones aparecen pueriles ante el poder comunicacional que podría ostentar el Gobierno.

Sin perjuicio de todo lo anterior, el reconocido deterioro económico que hoy enfrenta el país, hace mirar con estupefacción una proposición de cien millones de dólares para gastos que, además de parecer absolutamente exagerados, requieren de múltiples explicaciones y definiciones previas. Entre ellas ¿por qué se produjo la cuantiosa pérdida de TVN? ¿Se justifica y/o se requiere un canal estatal con pesada burocracia? ¿Cómo se debe conciliar este aporte extraordinario con la competencia entre los canales de TV? Y, finalmente, la gran pregunta: ¿cómo será posible impedir o contener la publicidad explícita o encubierta del Gobierno, o de las ideas que sustenta, con recursos de todos los chilenos, en medio de reñidas campañas políticas?

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