Para descarbonizar, primero el impuesto

Jorge Canals

Un reciente informe del Coordinador Eléctrico Nacional encendió las alarmas al señalar que, en un escenario de hidrología seca durante todo el 2019, se proyecta que el carbón será responsable del 39,9% de toda la producción del Sistema Eléctrico Nacional, implicando un aumento de la generación con carbón de un 7% respecto al 2018, y superando igualmente lo ocurrido el 2017.

Paradójicamente, esto se explica en parte por la “megasequía” que ha afectado en los últimos años al país, y que ha exacerbado su déficit hídrico, impactando en las condiciones de generación. El dilema que provoca este fenómeno es que las mismas centrales a carbón, cuyas emisiones en alguna medida lo provocan, permiten asegurar el suministro en condiciones de escasez hídrica.

Eso, y su bajo costo, explican que parte importante de la electricidad que se genere en el país sea en centrales termoeléctricas a carbón, con tasas similares a países europeos. Debido a las discusiones globales generadas en torno al Cambio Climático y a sus impactos, y a la incidencia que tiene el sector energía en el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (GEI), se generó un compromiso voluntario para descarbonizar la matriz energética (donde para precisar, se hace referencia al dióxido de carbono, producido por los combustibles fósiles) iniciado con el anuncio de la Presidenta Bachelet en enero de 2018, y cuya mesa instalada para tal efecto ( y que se creó luego del acuerdo de las generadoras de no impulsar nuevos proyectos a carbón), concluyó en enero de este año, quedando pendiente la presentación del cronograma preciso de cierre de centrales termoeléctricas, por parte del Presidente Piñera.

Sin embargo, las condiciones cambian rápidamente. El último informe del IPCC (panel científico de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático) ha alertado al mundo sobre la urgencia de reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en un 50% al año 2030 y descarbonizar la economía al 2050. De no hacerlo, las consecuencias esperables para las economías y los ecosistemas serán profundas.

Por tanto, lo voluntario va adquiriendo cada vez más un matiz obligatorio, impulsando la descarbonización y el cierre de las centrales a carbón con mayor urgencia, e intentando evitar el impacto en las inversiones, el abastecimiento y en los precios.

Para acelerar esta trasformación, se hace necesario modificar el impuesto verde (en su monto y forma de aplicación), avanzando hacia valores recomendados por la OCDE. Hoy, el Banco Mundial tiene un precio interno para la evaluación de proyectos en torno a US$ 30 por tonelada de carbono, y en el gobierno anterior se introdujo también un precio social del carbono a US$ 30 la tonelada.

Los análisis de las reparticiones gubernamentales indican que para el cambio de la matriz energética y para una reducción profunda de las emisiones, es posible y viable tener un impuesto al carbono por sobre los US$ 30 por tonelada (hoy en US$ 5).

Acelerar la descarbonización de la matriz, dejando de emitir los GEI que produce, pasa, entre otras cosas, por introducir un aumento del impuesto a la generación, sin compensaciones, aprovechando la oportunidad que genera la discusión de la reforma tributaria, y alineando los objetivos económicos y ambientales del país, ad portas de recibir este año a la COP 25.