Participación ciudadana, ¿acaso no somos contribuyentes?

Paulina Ibarra

Las últimas semanas de manifestaciones han puesto el centro de atención en el conjunto de carencias sociales y materiales que afectan a la ciudadanía, y que tienen en su trasfondo un contexto de indefensión, malestar y frustración. La desigualdad en el acceso a derechos sociales, económicos y culturales, pasa así a ser una expresión de un sistema que ha sido débil en facilitar que los ciudadanos ejerzan valores democráticos transversales y esenciales al desarrollo humano, como es la participación ciudadana.

Hoy existen tres leyes que tienen como objetivo reducir la brecha entre quienes toman las decisiones y los ciudadanos, sumándose así a los esfuerzos de la Comisión Engel: la Ley 20.285 de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la Ley 20.500 de participación ciudadana; y la Ley 20.730 de lobby. Sin embargo, ninguna de estas normativas ha logrado aplacar el profundo foco de desconfianza sobre el ente público, especialmente en su relación con las empresas. Si bien todas han sido avances para desincentivar la corrupción, aún faltan herramientas que permitan instalar prácticas modernas y democráticas para dar mayores garantías de participación, rendición de cuentas y control sobre el patrimonio del país.

Es en esta línea que hace cuatro años se planteó al Ejecutivo la necesidad de ampliar la Ley de Transparencia a las empresas privadas, una acción necesaria para la regeneración de las confianzas que con el estallido social vemos tan quebradas. Nos parecería un paso lógico y sincero. Si es que la ley chilena reconoce el derecho de las personas a informarse, fiscalizar e incidir sobre la gestión del Estado como contribuyentes ¿por qué no lo hace sobre las empresas que a través de éste son sus concesionarios? Porque así como las AFP, las isapres y las autopistas entregan servicios sociales que el Estado delegó en ellos y las industrias usan recursos naturales que pertenecen a los ciudadanos, para ejercer un negocio clave para el desarrollo del país, todas operan sujetas a la disposición de bienes públicos y más aún, como en el caso de los primeros, al financiamiento del Estado que hacemos todos los chilenos.

Es por ello que en reconocimiento de este nuevo estatus es determinante que los ciudadanos, y en consecuencia las empresas, comencemos a desprendernos de la vieja concepción política de “electorado”, que por cierto acota al ejercicio de derechos a un tiempo determinado para delegar en otros nuestra representación, para ir transitando hacia la concepción de “contribuyentes”. Esta aclara nuestro entendimiento como sujetos capaces y en derecho de fiscalizar al poder y exigir, además de eficiencia y eficacia, una participación ciudadana que permita incidir en la toma de decisiones a nivel público. Así contribuiremos a su mayor legitimidad y a la de su relación con el ámbito privado.

Nos parece el primer paso para ir recuperando las confianzas.