¿Patrimonio a la riqueza sin riqueza?

Paula Osorio

A propósito de la pandemia y del trabajo de autores como Thomas Piketty, con “El Capital en el Siglo XXI”, en diversos países se ha estado discutiendo la posibilidad de imponer impuestos al patrimonio debido a que, a diferencia de lo que se esperaba, la brecha de desigualdad no ha disminuido, sino que ha aumentado con el tiempo.

Ante esta realidad es interesante destacar el estudio realizado por la OCDE en 2017 respecto al impuesto al patrimonio, en donde 12 países analizados -entre ellos España, Suiza y Noruega- recaudan entre 0,4% y 0,8% del PIB. El análisis concluye que debido a la poca recaudación, la escasa eficiencia del impuesto (costo/beneficio), la dificultad de valoración, entre otras variables, sólo tres de los países que aplicaban esta carga impositiva la mantienen.

Considerando este escenario, la organización recomienda la aplicación de un impuesto al patrimonio sólo en aquellos países que tienen impuestos a la renta con tasa única (flat tax) o que no establecen impuestos al ingreso proveniente del capital tales como dividendos, intereses o ganancias de capital, sistema que no es muy común en países latinoamericanos, pero sí en Europa. Pese a esta visión, tanto en Chile, Perú, Argentina y Colombia hoy se están discutiendo diversos proyectos para aplicar este tipo de impuesto.

De hecho, en nuestro país el proyecto enviado al Congreso pretende aplicar un impuesto por una sola vez a las personas naturales con domicilio en Chile, que afectaría aproximadamente al 0,1% de los más ricos, es decir, a 6 mil chilenos con patrimonios sobre los 22 millones de dólares (patrimonio bruto, sin deducir las deudas). Este “grupo” financiaría por una vez una pensión de emergencia producto de la pandemia, con tasa de 2,5%, con lo que se espera recaudar 2,3% del PIB (aproximadamente 2.600 millones de US$).

En Argentina, en tanto, se envió al Congreso el denominado “Impuesto a la riqueza”, que se presenta como un aporte solidario con aplicación por única vez en relación con los patrimonios medidos al 31 de diciembre de 2019 de más de US$ 3 millones, los cuales representan al 0,026% de la población.

En Perú tampoco hay impuesto al patrimonio, pero se envió un proyecto de ley al Congreso que se aplicaría sobre Patrimonio neto cuyo valor sea mayor a US$ 500 mil al 01 de enero de cada año, considerando para ello la deducción de pasivos asociados a los activos sobre los que se calcula este valor, teniendo un impacto permanente.

Por su parte, en Colombia se aplicaría por la posesión al 1 de enero de 2020 de un patrimonio líquido cuyo valor sea igual a COP$ 5.000.000.000 (aprox. US$ 1.330.000), ya que quienes poseen las mayores riquezas concentran ingresos del 21% del PIB del país. El recaudo esperado es de $ 800 mm por año, correspondientes al 0,1% del PIB.

El estudio de la OCDE expone que los sujetos pasivos de los países que actualmente aplican este tipo de impuestos están entre el 1% al 11% más rico de la población, por lo que cabe preguntarse si esta medida en países latinoamericanos tiene sentido. Si incluso países que recaudaban más de lo que haría Chile lo eliminaron por las razones anteriormente mencionadas, aplicar este impuesto que sólo afecta al 0,1% de la población por una única vez, pareciera ser la crónica de una muerte anunciada.

La pandemia sin duda ha generado mayores inequidades en nuestro país y en el mundo en general, las que requieren ser atendidas de manera urgente. Pero para eso es necesario que nos adecuemos a nuestra propia realidad económica y social, de manera de llegar con fórmulas más eficientes y efectivas a apoyar a quienes hoy más lo necesitan.