Pensiones: la pelota al corner

Susana Jiménez

Han pasado casi 15 años desde que la Comisión Marcel alertara sobre la necesidad de introducir cambios al sistema de pensiones para darle sostenibilidad. Nada ideológico hay detrás de esta advertencia, pues los factores que así lo demandan son comunes a muchos países con sistemas diversos. Las bajas tasas y densidad de cotización, la mayor expectativa de vida y la temprana edad de jubilación tensionan el financiamiento de los sistemas de pensiones en todo el mundo.

El problema es que en Chile todas las soluciones que se han presentado han sido insuficientes producto de la miopía política. Nadie ha querido hacerse cargo en serio y asumir los costos de decisiones difíciles, pues no se atreven a igualar la tasa de jubilación de hombres y mujeres, y menos a postergarla; nos confunden proponiendo cuentas de ahorro colectivo para redistribuir recursos en base a un impuesto al trabajo; y culpan a las AFP de todos los males, como si no hubiesen cumplido con lo esperado (que no es otra cosa que administrar las cuentas y generar una buena rentabilidad, lo que han hecho satisfactoriamente).

Así es como, después de tanto años, seguimos barajando combinaciones para subir la tasa de cotización; discutimos cuánto les reconocemos el derecho de propiedad a los trabajadores sobre sus ahorros vía cuentas individuales –lo que tiene el apoyo mayoritario de la ciudadanía- o si se los traspasamos a los políticos para administrar subsidios; y si debemos incorporar un actor estatal u otras entidades para elevar la competencia (pese a que las comisiones sobre saldo acumulado son más bajo que el promedio OECD); entre otras cosas.

Como si fuera poco, ahora se plantea la idea de establecer cuentas nocionales, una ficción que promete pensiones en función de lo aportado, pero cuyo monto será definido de acuerdo con los parámetros que otros establezcan y, más grave aún, dependerán de lo que todavía quede en el fondo común y de lo que aporten generaciones futuras.

Que no le cuenten cuentos: si hemos de vivir más, tendremos que trabajar más años y cotizar un porcentaje mayor de nuestros sueldos, esfuerzo que debe ser reconocido como propio al momento de la pensión. Han querido convencernos de que eso es contrario a ser solidario con quienes no pueden acumular lo suficiente para una pensión digna. Falso. Ello no depende del sistema escogido (reparto o capitalización individual), pues la solidaridad puede y debe incorporarse en todos los sistemas; la diferencia está en cómo se financia. No parece justo que sean sólo los trabajadores que contribuyan con su sueldo (mayoritariamente clase media y profesionales). Lo razonable es que se financie con impuestos generales, lo que asegura recursos para los más vulnerables pagados, en mayor proporción, por los más ricos.

Ha surgido también la idea de financiar las pensiones solidarias con un aumento del IVA, considerando que 1,7 puntos más equivalen a tres puntos adicionales de mayor cotización. Algunos dirán que es un impuesto regresivo, porque afecta proporcionalmente más a las personas de bajos ingresos; sin embargo, las exenciones (educación, vivienda, transporte) reducen significativamente dicho efecto y resulta más que compensado si dicha recaudación se redistribuye en forma focalizada entre quienes más lo necesitan.

El desafío es que dejemos las consignas y propongamos soluciones reales, pues el tiempo sigue corriendo en contra de los actuales y futuros pensionados. Esto requiere de mucho valor por parte de quienes hoy toman decisiones y cuyos frutos no se verán sino hasta bastante más adelante.