Política energética en un mundo cambiante

Miguel Schloss

Chile ha sido un referente en política energética desde los 80. Con un marco simple y transparente, el país fue capaz de atraer flujos de capital para suplir las necesidades crecientes, a precios razonables y con buenos niveles de eficiencia.

La crisis que gatilló el corte de gas argentino y las sequías en 2008 dejaron al descubierto la vulnerabilidad a condiciones cambiantes que afectan el país. Por ello, el modelo que existía a la fecha se ha venido ampliando pragmáticamente para introducir temas emergentes. Con el tiempo, estos elementos deberán incorporarse de manera más sistemática para mantener una política coherente, especialmente para enfocarse en el cambio climático, seguridad energética y acceso de grupos vulnerables, manteniendo la atención a la oferta energética a costo razonable.

Sin embargo, existen pocas experiencias relevantes que puedan servir como precedentes válidos para ayudar en el diseño de un marco mejorado que responda a las singulares condiciones geográficas y de recursos de Chile. Ello es especialmente palpable en el área del cambio climático, donde, no obstante sendos acuerdos internacionales, no ha habido avance tangible en la materia.

El reciente informe del IPCC confirmó que ya estamos viendo impactos negativos de aumento del nivel del mar, sequías y tormentas extremas, y que estamos lejos de limitar el calentamiento a 1,5° C acordado en sucesivos protocolos.

Ello requiere especial atención a tres áreas, empezando por los costos. Los países que han logrado reducir sus emisiones lo han hecho en forma onerosa. No en vano, ello ha generado resistencia a afrontar el problema, ya sea constriñendo el consumo energético o limitando significativamente las emisiones. De hecho, los recursos invertidos en tecnologías existentes a base de equipos de combustión interna se han beneficiado por estar depreciadas desde hace décadas.

Segundo, regulaciones. La impaciencia con el cambio hacia tecnologías más ecológicas ha generado el establecimiento de metas, mecanismos de regulación engorrosos, subsidios y programas desconectados de imperativos de desarrollo económico. Los pobres resultados de estas vías denotan una insensibilidad por las soluciones económicas.

Tercero, políticas. Se debieran conciliar más explícitamente los diversos factores para amortiguar el cambio climático con la seguridad energética, acceso de grupos vulnerables, y las necesidades de energía a costo razonable, por la vía de mejorar el uso de tecnologías existentes con inversiones que aumenten la eficiencia y utilicen combustibles más limpios, disminuyendo costos marginales de reducciones de gases de efecto invernadero; alivianar mecanismos regulatorios mediante ajustes al sistemas de precios, para cubrir costos ambientates con instrumentos de mercado y así facilitar el enfoque en condiciones energéticas de asequibilidad y diversos servicios generados por el sector, como la oferta de energía, capacidad y seguridad; fomentar la innovación, ayudando a financiar riesgos técnicos y costos de desarrollo de nuevas tecnologías, y bienes públicos; desarrollar políticas que permitan identificar áreas emergentes a las que se deba responder, e integrar la implementación, generando capacidades para manejar regulaciones complejas.