Presupuestos en deuda

La aproximación del debate presupuestario nos recuerda que nuestro país tiene sobre este punto una materia pendiente: el déficit en la Ley de Presupuestos de información regionalizada. Si bien el presupuesto de la nación es publicado por la Dipres de manera transparente y oportuna antes y durante su ejecución, aún persiste un espacio de oscuridad en cuanto a que no hay conocimiento previo en dicho instrumento del total de recursos que se ejecutarán en regiones.

Para tener una noción de la magnitud de este problema podemos observar la inversión pública regionalizada que sistematiza el Sistema Nacional de Inversiones (SNI). Durante el 2015, por ejemplo, el 65% del total de recursos invertidos en regiones correspondieron a fondos sectoriales, mientras que un 25% y un 10% surgieron del presupuesto regional y municipal respectivamente. Ahora bien, ¿cuál es el nivel de conocimiento que se tiene en la Ley de Presupuestos de estos recursos previo a su ejecución?

En cuanto a los recursos regionales, hay datos de la inversión de los gobiernos regionales relativa a las transferencias que reciben principalmente vía el FNDR y sus provisiones. Si bien es precaria la trazabilidad de estos datos, se informa mensualmente su nivel de ejecución por región. En cuanto a la inversión municipal, es necesario recurrir a otras fuentes, como al SINIM de la Subdere o a los reportes presupuestarios de la Contraloría General de la República. No obstante, la gran deuda en la Ley de Presupuestos radica en los fondos sectoriales al no existir en la mayoría de los casos una desagregación por regiones. Si bien hay excepciones en este punto (los presupuestos del Serviu y de los servicios de salud sí están regionalizados), hay situaciones alarmantes de desinformación, entre las cuales destaca el caso del Ministerio de Obras Públicas (MOP). Según los datos del SNI para el 2015, el MOP invirtió US$ 1.980 millones en regiones lo cual equivale a 1 de cada 4 pesos del total invertido en los territorios. Pese a la magnitud de esta inversión, no hay conocimiento de la distribución regional de estos recursos previo a su ejecución.

Si bien la información presupuestaria se publica de manera accesible y oportuna, aún hay espacios para mejorar la transparencia del gasto público a través de la publicación de presupuestos regionalizados. Este elemento se enmarca dentro de un desafío mayor que aborda otras materias, como el vincular la Ley de Presupuestos con los instrumentos regionales de desarrollo. Durante los próximos meses las autoridades tendrán nuevamente la oportunidad de hacerse cargo de este desafío y así facilitar la rendición de cuentas y el control social de la gestión pública.