¿Estado servido o sirviente?

Rafael Rodríguez

El título de esta columna está tomado de una entrevista a Milton Friedman y me llevó a preguntarme en qué categoría está el Estado chileno, ¿servido o servidor?

Para contestar esta pregunta hay que partir comparando las exigencias que se imponen a las empresas y las que se le exigen al Estado, quien está disponible para poner todo tipo de regulaciones y multar con publicidad los errores de las empresas. Los individuos no la pasamos mucho mejor bajo este tutelaje estatal. También estamos llenos de restricciones.

A modo de ejemplo, las empresas deben pagar oportuna y totalmente las imposiciones de sus empleados a lo cual se agrega una serie de obligaciones que las vinculan contractualmente a sus trabajadores; incluso a los trabajadores contratistas. ¿Y el Estado? Bueno éste tiene un estatuto especial que le permite mantener un gran número de empleados a contrata. Más de 150 mil personas que no reciben imposiciones ni indemnizaciones cuando las despiden. Ahora, en su gran mayoría las personas contratadas bajo este u otro régimen son partidarias del gobierno. ¿Podría esta discriminación practicarse en la empresa privada? Por supuesto que no. La Dirección del Trabajo estaría presta a aplicar a la compañía las más pesadas multas, y si encontrase que esta discriminación se hace contra un sindicato, sería mucho más grave. Además de las multas le prohíben a la empresa hacer negocios con el Estado. Lo anterior podría ser simétrico: si el Estado falla en sus compromisos con los ciudadanos, se le debiera prohibir hacer negocios con ellos. No es mala idea, se reduciría el tamaño del Estado puesto que no tendría sentido emplear a personas sin nadie a quien imponer normas, regulaciones ni multas, porque de cumplimiento... poco. Disminuiría así la participación del Estado y aumentaría la del sector privado y el país crecería más, aumentando el empleo y los salarios.

¿Otro ejemplo? Si Ud. tiene una diferencia con el SII y éste falla en su contra, tiene la posibilidad de reclamar ante un tribunal. Si éste le da la razón a Ud. y obliga al SII a devolverle impuestos, éste sólo le aplica reajustes. Si el fallo sale en contra suyo, tiene que pagar los impuestos en cuestión, más reajustes, más multas e intereses. Está bien desincentivar el no pago de impuestos con multas e intereses, pero el Estado debiera pagar con multas e intereses equivalentes cuando se equivoca.

Podría seguir enumerando asimetrías, todas en favor del Estado. Días administrativos y ausentismo sin parangón en el mundo privado, reajustes salariales, 100% de los empleados con calificación máxima de desempeño, incluidos quienes usan el cartel "voy y vuelvo", etc. Esto no sería significativo si todos estos gastos no fuesen financiados por los impuestos.

Como el IVA es el principal recaudador, vuelvo a proponer la idea de que para reducir tal asimetría se establezca una norma que separe dicho impuesto del precio de los productos ofrecidos. Esto ya ocurre entre empresas pero por una misteriosa razón éstos deben llevar el IVA incluido cuando se ofrecen al peatón; ¿será para evitar protestas de lo que se recibe a cambio de ese ingreso para el Estado?