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Rafael Rodríguez

Instalando un gobierno

Por: Rafael Rodríguez | Publicado: Jueves 6 de marzo de 2014 a las 05:00 hrs.
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Desde diciembre es oficial que Chile tiene una nueva presidenta que va a gobernar el país por cuatro años y a partir de entonces -y aún antes-, se tenía la certeza de que había que nominar a una serie de funcionarios que van a tener la responsabilidad de dirigir en su conjunto el gobierno. En total deben ser unos 1.500 cargos que tendrán responsabilidades ejecutivas y políticas de los organismos públicos de la mayor diversidad; en su conjunto, administran un cuarto del PIB chileno y con sus decisiones afectan la vida y milagros de los restantes tres cuartos.

Ante tamaña responsabilidad, llama mucho la atención de que la selección de estos personajes, salvo los que corresponden a nivel de ministros y subsecretarios, sea tan poco preparada previamente. Por lo que ha salido en la prensa, los partidos presentan candidatos a los diferentes cargos y no es claro de que los nombres propuestos sean los mejores. Durante estos meses se producen negociaciones, presiones y se actúa en forma más bien improvisada que planificada. Contar con asesoría especializada podría ayudar a resolver muchos problemas.

Dado que cada gobierno tiene un plazo de 48 meses, al preparar los equipos con anticipación se ganan unos tres meses de plazo, lo que significa un 6% más del tiempo total de gobierno, siendo esta la primera ventaja.

La segunda es que se evita bochornos públicos por no verificar todos los antecedentes o situaciones que posteriormente al salir a la luz pública pueden llevar a echar para atrás públicamente un nombramiento.

Finalmente, la calidad de los equipos armados es mucho mejor que al tomar principalmente las consideraciones políticas como criterio de selección. Así, el país se beneficia de tener mejores gestores.

La responsabilidad de este trabajo es muy grande y da la impresión que tanto en la instalación de gobierno pasada, como en la presente, los recursos asignados a la conformación no fueron proporcionales a la magnitud de la tarea, que además se les asignó tarde. En los orígenes del presente gobierno María Luisa Brahm, quien tenía experiencia en el Consejo de Alta Dirección Pública, fue la encargada, con relativamente poco apoyo para armarlos; labor que estaba en pleno desarrollo ya iniciado el gobierno. En la presente instalación, se ha debido dar pie atrás en algunas designaciones y aparentemente no se está siguiendo un proceso muy acucioso en las búsquedas de otros cargos. Tampoco está claro que la tarea se complete antes del 11 de marzo.

En ambos casos, las dificultades podrían haberse evitado si se hubiera comenzado antes. A su vez, es altamente probable que los equipos conformados pudieran haber sido mejores si se hubiese trabajado con un hunter que aporte metodología, rigor, genere estándares y puntos de comparación entre candidatos y respecto de los desafíos que se deben asumir. Si bien estas tareas la pueden asumir personas con otras competencias, la especialización ayuda y puede hacer significativas contribuciones.

Finalmente, la exitosa experiencia de la Alta Dirección Pública debiera incentivar a que el Estado chileno reduzca aún más el número de cargos que elige en forma discrecional y se le entreguen más cargos que los actuales al Servicio Civil; sería un paso más en lograr reclutar a los mejores profesionales en el sector público.

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