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Rafael Rodríguez

Una propuesta para salir de la crisis

Por: Rafael Rodríguez | Publicado: Jueves 9 de abril de 2015 a las 04:00 hrs.
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Es difícil recordar, salvo que la memoria lleve a la época de los años 70, una tensión social similar a la que se vive en Chile con motivo de los casos Penta, Caval, SQM y cuyas ramificaciones pueden expandirse a otras empresas y afectar gravemente a la mayoría de la clase política.


Esto es mucho más que una anécdota o un reality-show; al debilitarse el sistema político también lo hace la confianza en las instituciones y se empiezan a validar forma alternativas de resolver los conflictos; dado que si los políticos defraudan las leyes, muchas personas se sienten con el derecho de desobedecerlas también, fracturándose en una mecánica perversa el orden sobre el cual funciona la democracia y la sociedad. Es así como aumenta el no pago del Transantiago porque el servicio es malo, o la toma de carreteras porque no se escuchan ciertas demandas y así sucesivamente otras formas de degradación de la convivencia pacífica.


Por lo anterior, mucha gente responsable está buscando cómo salir de esta cascada de escándalos, con una solución que no violente a la ciudadanía, que molesta y empoderada como está no va a aceptar una solución del tipo "cuatro paredes".


Por lo anterior, pareciera ser digno de considerarse el ejemplo que dio Sudáfrica, con motivo de crímenes atroces que requerían resolverse como paso previo a un proceso de pacificación nacional. La solución fue simple pero significativa; el reconocimiento de los victimarios, frente a las víctimas y a la sociedad de sus crímenes y el pedir su perdón.


En el caso que estamos viviendo, este principio, con ciertos agregados que creo necesario considerar, podría ser un buen modelo de solución.


Se podría establecer un plazo de unos tres meses para que toda empresa que haya dado boletas por trabajos no realizados pueda declararlas al Servicio de Impuestos Internos, indicando los beneficiarios de los fondos, debiendo pagar los impuestos correspondientes, junto con las multas e intereses del caso. Por su parte, los beneficiarios debieran reconocer dicha situación pidiendo perdón a la ciudadanía y a sus votantes por haber hecho uso de un sistema ilegítimo para financiar sus actividades políticas, pasando por la vergüenza que ello implica y quedando expuestos a una sanción en una futura votación si es que así lo deciden los votantes.


De esta forma, no habría impunidad, puesto que se pagaría lo que siempre se ha pagado por este tipo de actos (los impuestos no pagados recargados con multas e intereses) y los políticos implicados tendrían que enfrentar el repudio de la sociedad.


La solución sería transparente, que es lo que pide la ciudadanía y habría una reparación y un "castigo social".


Ahora bien, la Fiscalía debiera seguir investigando y si descubre gastos indebidos que no se blanquearon durante el plazo otorgado, entonces se debiera iniciar un juicio penal a las empresas y a los beneficiarios de estos ingresos mal habidos y los parlamentarios o autoridades involucradas debieran renunciar de sus cargos y ser inhabilitados de ejercerlos para siempre si son hallados culpables.


Pienso que esta solución contiene los elementos generalmente aceptados para otorgar el perdón; esto es, reconocimiento de la falta, arrepentimiento y reparación del daño causado.


Lo que la gente estime que no ha sido debidamente reparado lo podrá cobrar con su siguiente votación.
Lo que venga después para evitar la repetición de estos hechos será materia de debate, pero a este paso si no se genera una solución, la Comisión nombrada para estos efectos quizás no llegue a cumplir su cometido.

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