Reajuste ANEF, ¿una reforma previsional por año?

Cecilia Cifuentes Hurtado

El fin de año suele ser período complejo para el presupuesto familiar, y lo es más aún para la utilización de nuestros impuestos, ya que además de la discusión de la Ley de Presupuestos, deben financiar también el reajuste salarial de los funcionarios públicos.

El año pasado se aprobó un reajuste de 2,5%, en un contexto en que la inflación estaba algo por debajo de 2%. Podría parecer moderado, y sin embargo tuvo un costo fiscal de US$ 1.600 millones, siendo esta ley por lejos la más costosa de cada año. Esto, porque el reajuste es sólo una parte de las mejorías que reciben los funcionarios públicos, que incorporan además una serie de bonos y otras regalías. Estos ítems son cerca del 60% del costo fiscal del reajuste, y son negociados en una forma mucho menos transparente a la opinión pública.

Adicionalmente, durante el año se suceden mejorías en muchas reparticiones, que llevan a que el gasto en personal del Fisco lleve años creciendo a tasas muy altas, bastante por sobre lo que crece el gasto total. Basta mencionar que en la última década, el gasto del gobierno central ha crecido un 5,9% real promedio, mientras que el gasto en personal lo ha hecho a un 7% real. ¿Qué puede justificar esta diferencia? ¿Los funcionarios públicos tienen una situación desmejorada respecto del país? Por el contrario, en base a la Encuesta Suplementaria de Ingresos del INE, en 2017 el ingreso promedio de la administración pública era de $837 mil, un 51% superior a la remuneración promedio nacional. Además, esta brecha a favor de los funcionarios públicos ha ido creciendo en el tiempo (era de 44% en 2007), lo que refleja un creciente problema de captura, ya que es difícil pensar que pueda explicarse por productividad.

Por lo tanto, la equidad es un muy mal argumento para justificar un reajuste alto, ya que estamos hablando, en general, de un grupo privilegiado en su situación socioeconómica y en su estabilidad laboral.

Frente a lo anterior, el petitorio de la ANEF resulta totalmente desproporcionado, ya que busca profundizar significativamente esta situación de privilegios, financiada por todos los ciudadanos. Lo primero que habría que señalar es que efectivamente se trata de un petitorio, es decir, una larguísima lista de demandas (alrededor de 30 exigencias de todo tipo en materia de beneficios), pero sin ofrecer absolutamente nada a cambio en términos de más y mejores servicios. El costo del petitorio es incalculable, incluyendo materias tan disímiles como volver a un sistema de reparto y terminar con las distinciones jurídicas en la contratación de funcionarios. Sin embargo, sólo considerando los ítems que se incluyen cada año en el proyecto de ley, dar cumplimiento a las reclamaciones de la ANEF tendría un impacto fiscal de US$ 3.500 millones, cifra equivalente al costo de la propuesta de reforma previsional en régimen.

Como ciudadanos deberíamos exigir a los servidores públicos que hicieran honor a ese nombre, y que junto con los avances en remuneraciones a los que todos los trabajadores aspiramos legítimamente, comprometieran sus esfuerzos en la necesaria reforma del Estado.

Sabemos que la principal piedra de tope de este proceso es el creciente poder de presión que ejercen las organizaciones de funcionarios, por lo tanto, nuestro "petitorio" a ellos, como ciudadanos, debería ser que nos den muestras más claras de que nuestros impuestos no pagan privilegios, sino buenos servicios públicos.