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Reforma a las pensiones: muerte de la responsabilidad fiscal

Luis Larraín Director ejecutivo Libertad y Desarrollo

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El gobierno ha anunciado una reforma cuyo elemento principal es un aumento de cinco puntos en la cotización, que será gradual en seis años, lo cual implicaría un incremento de 0,83 puntos porcentuales cada año. El anuncio también compromete un aumento promedio de 20% en las pensiones de vejez del sistema de AFP.

Los 0,83 puntos de cotización equivalen en un año a cerca de US$ 590 millones. Esta recaudación permitiría el primer año mejorar las pensiones de vejez en el monto comprometido (utilizando 0,6 de los 0,83) y el resto (0,23) utilizarlo en el aumento de pensiones de las mujeres que se retiren más tarde. Vale decir, durante los primeros años, nada de la mayor cotización iría a las cuentas individuales de los trabajadores, o dicho de otra forma, todo iría a financiar pensiones de los actuales jubilados. Los trabajadores estarían así reemplazando al Estado en su obligación de complementar las pensiones de los chilenos.

Dentro de la cotización adicional habría otra parte que iría a solidaridad intrageneracional, vale decir, a mejorar las pensiones de otros trabajadores, distintos al aportante. Esto implica un importante cambio de paradigma para nuestro sistema de pensiones, porque:

• Se rompe la lógica de la propiedad de los ahorros (los ahorros de unos financiarán pensiones de otros).

• Se rompe la relación directa entre “mayor ahorro, mayor pensión”.

• Tanto el componente de solidaridad intergeneracional como el bono para las mujeres utilizan ahorros de personas activas para financiar beneficios de los ya retirados.

Esto tiene las siguientes consecuencias negativas para nuestra economía:

• Disminuyen los incentivos al ahorro.

• Aumentan los incentivos a la subdeclaración e informalidad, porque si cotizo más mi ahorro será destinado a financiar pensiones de otros.

• Al disminuir el ahorro a nivel país, se requerirán más recursos para dar iguales beneficios a las futuras generaciones.

• Dada nuestra realidad socio demográfica, en la que cada vez hay más personas pasivas por personas activas (según el INE en 1980 había 7 chilenos entre 18 y 65 años por cada mayor de 65. Hoy hay menos de 5 y en el año 2050 sólo serán 2,1) en el futuro se requeriría de un mayor aporte para obtener los mismos beneficios. Cada vez será más dura la carga de los trabajadores activos para financiar a los jubilados que serán cada día más. En otras palabras, mayores cotizaciones de los trabajadores y mayor carga fiscal futura.

Por último, hay dos efectos de esta reforma que serán nefastos para las finanzas públicas: esta modalidad de financiar pensiones de los jubilados con cotizaciones de los actuales trabajadores será una verdadera droga que los gobiernos no podrán dejar. Será muy difícil que en el largo plazo el componente intergeneracional para financiar pensiones desaparezca, como promete el gobierno. ¿Por qué un gobierno el día de mañana renunciaría a esa cómoda forma de financiar las pensiones? Traspasar puntos de cotización a aportes a la cuenta individual será muy difícil políticamente por la presión para mejorar las pensiones en curso, lo que podría llevar incluso a que en el extremo NADA de los cinco puntos adicionales vaya a mejorar la cuenta individual de los trabajadores. Este sería un golpe letal a nuestra economía, pues transformaría nuestro sistema de pensiones en uno mayoritariamente de reparto que tendría todos los problemas demográficos de este tipo de sistemas y que están en el centro de la crisis de los estados de bienestar. Adicionalmente, se generan incentivos a mejorar otros beneficios sociales (por ejemplo salud), utilizando la cotización de los trabajadores, lo cual implica instalar un importante gravamen al trabajo formal, y con ello acentuar las consecuencias negativas en el empleo, nivel de ahorro y el crecimiento, aumentando la carga fiscal futura del país.

De persistir en su equivocada reforma de pensiones, el ministro Valdés habrá sepultado definitivamente la responsabilidad fiscal de Chile, persistiendo en los dos errores básicos que han degradado la economía del país estos años: el excesivo gasto público y el insuficiente crecimiento económico.

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