Reforma al SEIA: tan político como siempre

El martes 31 de julio el gobierno ingresó a tramitación el proyecto de ley que “moderniza el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”, que en su Mensaje al Congreso señala como uno de sus propósitos introducir modificaciones que permitan “reducir el componente político” en el procedimiento de calificación ambiental.

Atendido lo estructural que ha sido esta discusión en los prolegómenos del ingreso del proyecto a tramitación —como también, al tenor de algunas expresiones que utiliza el referido Mensaje, por ejemplo, “reducir la injerencia política en el SEIA a su mínima expresión”—, no es claro que el texto presentado permita abordar eficazmente la finalidad que declara perseguir. Incluso, podría afirmarse que en el proyecto se releva aún más la variable política.

Una de las propuestas que puede conspirar con el propósito de despolitizar la calificación de los proyectos es la idea de reponer al gobernador como miembro del órgano de decisión. En una reforma altamente esperada, en que se empina con singular urgencia la necesidad de proporcionar mayor claridad a la inversión, no parece aconsejable innovar incorporando una figura inédita en la historia del SEIA, cuyo mandato provendrá de la ciudadanía y su carácter será puramente político.

Por otra parte, la composición del órgano de calificación tampoco permite presumir una superación definitiva de la variable política. Esto, porque de los siete miembros que lo compondrán, cuatro poseen un carácter eminentemente político y tres, uno más técnico.

Los cuatro políticos son: a) Gobernador regional; b) Los representantes de los ministros de Economía y Medio Ambiente en la región respectiva (seremis) y, c) un representante del Presidente de la República.

Los tres miembros de naturaleza más técnica provendrán de la Alta Dirección Pública y serán nombrados por el director ejecutivo del SEIA. Uno será el director (a) macrozonal; los otros dos reproducen el modelo mixto de especialización y experiencia que existe para los ministros de los tribunales ambientales. Un abogado y un licenciado en ciencias.

De mantenerse el esquema descrito, el proceso avanzará sobre una distorsión de base, que confunde la idea de despolitizar los pronunciamientos ambientales, con el número de instancias y/u órganos que impactarán en la calificación del proyecto. La mal denominada “doble revisión administrativa”.

Separar conceptualmente ambas ideas permitirá ordenar el debate legislativo, situando la discusión acerca la despolitización del SEIA en el ámbito que corresponde. Es decir, qué nivel de discrecionalidad se estima tolerable para la calificación ambiental de proyectos.

Por su parte, la “doble revisión administrativa”, dado su carácter eminentemente procesal, se abordará eficazmente en la medida que no se sustraiga al Estado de la necesaria opinión que debe emitir cuando razones superiores así lo puedan exigir, atendido que el purismo técnico que se ha buscado, reforma tras reforma, no ha dado resultados en esta materia.