Reforma tributaria: ¿quién paga?

Bárbara Neyra, directora Área Tributaria Aninat Schwencke & Cía.

Llegó marzo, y con eso la discusión de la reforma tributaria se ha vuelto a tomar la agenda, no sólo a nivel de la discusión política que se inició en los últimos días, sino también a nivel de ideas y propuestas planteadas por el mundo político, empresarial y otros actores que ven la oportunidad de proponer modificaciones al proyecto original enviado el año pasado por el Ejecutivo.

En este sentido, una de las mayores críticas efectuadas al proyecto consiste en cómo se mantendrá y/o aumentará la recaudación actualmente existente, sobre todo considerando la eventual eliminación del régimen semi integrado, lo que ha dado pie a variadas alternativas que pretenden despejar esta interrogante.

Algunas de estas propuestas ya poseen un amplio respaldo, como ocurre con la propuesta de incrementar de un 10% a un 19% el impuesto a los servicios digitales prestados desde el extranjero, manteniendo la estructura de tributación propuesta por el Ejecutivo. De esta manera, la retención asociada al momento de efectuarse el cargo en la respectiva tarjeta de crédito ascendería de un 10% a un 19%, lo que en la práctica podría implicar un aumento en el precio de estos servicios, por lo que serían los usuarios finales quienes económicamente soportarían parte de este impuesto.

Otros, a su vez, han propuesto eliminar el beneficio tributario que posee la ganancia de capital obtenida a través del mercado financiero, y que consiste, principalmente, en considerar como ingreso no renta la utilidad obtenida en la venta de acciones de sociedades anónimas abiertas, bonos transados en bolsa y cuotas de determinados fondos. Si bien esta medida podría tener un impacto considerable a nivel de recaudación analizando datos pasados, una medida como ésta debe, necesariamente, considerar un análisis a largo plazo, y que se vinculan al impacto que tendría en el mercado financiero, ya que al incorporar un costo de impuestos (27% si se estima que el análisis es efectuado a nivel de empresas), disminuirían los retornos asociados, impactando la rentabilidad de los activos, situación altamente sensible a nivel de toma de decisiones, sobre todo considerando el tamaño de nuestro mercado financiero en comparación a otros actores de la región, por lo que una medida como ésta no sólo debe considerar el impacto recaudatorio inicial, sino también proyectar la fuga de inversiones que necesariamente traerá aparejada.

También están los que proponen desintegrar el sistema tributario, eliminando lo que hasta hoy ha sido la base de nuestro sistema, en virtud del cual el impuesto pagado por las empresas en la práctica sólo constituye un anticipo del impuesto final que deba pagar su propietario, lo que a su vez implica mantener un estricto control de los impuestos pagados por las empresas, antes por medio del FUT y hoy por el engorroso registro de rentas empresariales. Esta medida posee varios partidarios porque no sólo se lograría incrementar la recaudación (el cuánto dependerá de la forma en la que se implemente esta opción, ya sea agregado a la base de los impuestos finales o bien con un impuesto especial de tasa fija a ser retenido por las empresas) sino que se simplifica la carga administrativa asociada, eliminado los actuales registros.

Como es posible apreciar, hay una gran cantidad de ideas dando vuelta, algunas con más respaldo que otras, pero una cosa es clara, para eliminar el sistema parcialmente integrado, y lograr los votos necesarios para su eliminación, el Ejecutivo necesariamente deberá entregar una propuesta que permita al menos mantener la recaudación actual, y frente a eso sólo queda pensar, ¿quién será finalmente el que financie la reforma?