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Refranes para la Asociación de Magistrados

José Miguel Aldunate Director ejecutivo del Observatorio Judicial

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La última trifulca en torno al seminario organizado por la Asociación de Magistrados de Chile es una sopa con tantos pelos, que todos invocan cuanto principio se les cruce por la cabeza: la independencia judicial, la transparencia, el Estado de derecho. En efecto, el mentado seminario se organizó con dineros de empresas privadas, con quienes la Asociación convino acuerdos de confidencialidad. Está como para poner el grito en el cielo. Pero, como la ira no obra justicia, quizás lo mejor sea poner paños fríos y aplicar un poco de sabiduría popular. Entonces veremos que si bien hay espacio para preocuparse, ello no debe llevarnos a atribuir al asunto una relevancia excesiva.

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Es cierto que la independencia judicial debe ser un valor sacrosanto para los miembros del Poder Judicial. Pero en esto conviene no ser más papistas que el papa. ¿Realmente el financiamiento externo de un seminario de la Asociación de Magistrados pone en riesgo la independencia de los jueces? Para demostrar tamaña acusación cabría exigir un estándar más alto. ¿Terminaron los dineros en la cuenta corriente de jueces particulares? ¿Afectó la decisión de juicios en que son partes las empresas financistas? Hasta donde sabemos, no. Simplemente, un grupo de empresas aportaron recursos para la organización de un seminario, como ocurre cada vez que colaboran el sector público y el sector privado. La exageración es lo contrario de la sabiduría.

Dicho esto, también es cierto que la mujer del César no sólo debe ser casta; además debe parecerlo. Pero a la hora de guardar las apariencias es donde el Poder Judicial está más al debe. En efecto, según la última encuesta CEP que midió confianza en las instituciones (abril-mayo de 2017), los tribunales de justicia se encuentran sumamente desacreditados ante la ciudadanía, sólo superando al Congreso Nacional y a los partidos políticos. Y como lo que abunda no daña, conviene recordar que según un estudio de 2016 de la agencia Gallup, Chile muestra el segundo índice más bajo de confianza en el Poder Judicial de la OCDE, sólo superando a Ucrania.

Es obvio que la firma de convenios de confidencialidad para el financiamiento de una actividad de extensión no afecta la independencia judicial, pero tampoco colabora con la imagen de un Poder Judicial transparente e independiente. Peor aún si, como alega la Asociación de Magistrados, esta es una práctica habitual, pues tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe.

En fin, no hemos querido bajarle el pelo a la noticia, pero todo en exceso hace mal. Es cierto que se dañó la imagen de los jueces, pero no que haya habido una afectación de la independencia judicial, para lo cual se requerirían antecedentes más graves. En vez de prohibir toda forma de colaboración entre el sector privado y el Poder Judicial, bastaría con transparentar el origen de las donaciones para actividades similares.

No hay que hacerse los tontos, pero tampoco escandalizarse. O como decía un viejo juez, no se trata de ir pelados, pero tampoco con dos pelucas.

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