Registro consolidado de deuda: gana la competencia, ¿y el consumidor?

Ana María Montoya

La falta de un registro consolidado que permita visualizar la totalidad de la deuda que mantienen un consumidor o empresa —y que pueda ser consultada por el propio deudor, por los distintos los distintos oferentes de crédito del mercado y por las autoridades financieras—, es un problema viejo y conocido en nuestro país.

Los efectos que esto genera son diversos: limita la competencia entre los distintos oferentes de créditos, propicia una segmentación del mercado e impide una evaluación precisa de la capacidad y comportamiento de pago de los individuos que podría traducirse en ofertas de créditos en mejores condiciones.

Otra falla de mercado que se produce por esta falta de información es que incentiva los consumidores a obtener endeudamiento más allá de su límite en aquellos oferentes que no acceden a toda la información. Pese a que el uso del crédito, tanto en el sistema bancario y casas comerciales, facilita la suavización del consumo en el ciclo de vida y conduce a mejoras en el bienestar, es necesario determinar cuándo el nivel de endeudamiento resulta excesivo y/o insostenible, pues afecta negativamente los ingresos presentes y futuros. En Chile, el nivel de endeudamiento de los hogares ha alcanzado en promedio un 70% del ingreso disponible.

Comprendiendo los riesgos que esto genera, la CMF adoptó esta semana una medida de interés al dictar la normativa de Basilea de exigencias de capital para la banca, aumentando los ponderadores de riesgo para créditos otorgados a individuos sobre ciertos umbrales de carga financiera respecto a sus ingresos. Esto pone un incentivo claro a evaluar la situación individual de cada deudor, al aumentar el costo de prestar a personas sobreendeudadas.

La preocupación acerca del estado financiero de las personas crece a medida que este mercado se complejiza, generando un entorno en donde los consumidores no necesariamente toman decisiones óptimas. Esta inquietud, en una primera instancia, se vio reflejada en Chile a través de la investigación relativa al grado de alfabetización financiera de los individuos. Desde la economía del comportamiento, se planteó la urgencia de analizar lo que realmente hacen las personas, más que estudiar lo que saben a nivel financiero, ya que estos conocimientos no garantizan necesariamente un comportamiento “adecuado”.

Por otra parte, en Chile se buscó otorgar una herramienta adicional al deudor a través de la exigencia de informar el “Costo Anual Equivalente” (CAE) para simplificar el entendimiento del consumidor en función de los costos de los créditos y facilitar la comparación. Sin embargo, tal como se analizó en un estudio de la SBIF, esta política ha beneficiado a los consumidores de mayores ingresos y con mayor nivel de educación financiera.

Así, es buena noticia que estemos en camino a contar con un registro consolidado de información de deuda, que se focalizará principalmente en reducir asimetrías de información desde el punto de la oferta, y en las medidas complementarias que ponen los incentivos correctos a los bancos al momento de otorgar créditos a individuos más endeudados a través de Basilea III.

Sin embargo, es también necesario construir indicadores de salud financiera que influyan en la demanda y permitan informar a los consumidores sobre su nivel de endeudamiento con el fin de alertar los riesgos que esto puede implicar, de tal manera que las políticas públicas no sólo apunten a generar restricciones de ofertas, sino que impulsen a una mejor toma de decisión de los consumidores.