Remesas de inmigrantes y supervisión financiera

Luis Eduardo Escobar

En los últimos meses el país ha despertado a la importancia de la inmigración hacia Chile. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), más de un millón de nuestros cohabitantes son extranjeros y representan nada menos que un 6,6% de la población. Esto puede parecer bajo si se compara con 17% en los Estados Unidos y 20% en Canadá, pero es una novedad y un desafío para nuestro país.

La inmigración tiene efectos en muchos ámbitos. En lo positivo, tenemos más profesionales bien calificados; también tenemos mayor variedad en nuestra alimentación y, en general, la calidad de la atención al público donde hay inmigrantes mejora. Al mismo tiempo, hay que reconocerlo, se han filtrado algunas personas que viven del crimen y abusan de la apertura de nuestras fronteras.

La inmigración también tiene costos para algunos de nuestros compatriotas. En particular, los chilenos con menor calificación resienten la competencia. Según el último IPOM del Banco Central, el aumento de los salarios reales ha sido menor que en años anteriores, en “parte relevante” debido a la creciente oferta de mano de obra inmigrante.

Más allá de los importantes desafíos de inserción social que enfrentan los inmigrantes —en manejo del idioma, empleo, educación, salud y otros que están recibiendo atención creciente del Estado, organismos internacionales y de ONGs—, hay una contraparte financiera a la actividad de los trabajadores extranjeros que no hay que descuidar. Según cifras del Banco Central, los inmigrantes enviaron en 2018 a sus países de origen unos US$ 1.520 millones, lo que representa un aumento de 32% respecto del año anterior. Estimaciones de empresas del sector privado, basadas en lo registrado en el primer trimestre, apuntan a que este año las remesas podrían aumentar en un 25%, acercándose a los US$ 2.000 millones. Esto sería equivalente al doble de las exportaciones de litio y sería prácticamente igual a las exportaciones de vino.

La remesa promedio del conjunto de inmigrantes en 2018 fue del orden de los US$ 210 por operación, y las cifras del mercado más actuales apuntan a que este monto ha aumentado en unos 10 dólares durante este año. Este promedio esconde importantes disparidades entre nacionalidades. Por ejemplo, la transacción promedio de un haitiano es de unos US$ 110, mientras que la de un colombiano supera los US$ 400. Las remesas hacia los demás países se distribuyen dentro de ese rango. De Venezuela no tenemos datos, ya que ellos operan en mercados informales debido a las condiciones existentes actualmente en ese país.

Esto último apunta a un factor muy importante. Si queremos evitar la informalidad —y lo que esta conlleva— es necesario prestarle más atención a esta industria. Hasta ahora, hemos seguido una política de “descuido benigno” que hoy impacta negativamente sobre esta actividad que, además de legítima, es necesaria. Así como se necesita adaptar a las nuevas circunstancias nuestra legislación respecto de la inmigración, también es necesario actualizar nuestras políticas respecto de la industria de remesas.