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Rodrigo Delaveau

Empresas y postgrados: ¿y la formación institucional?

Rodrigo Delaveau S. Profesor Derecho UC, Doctor en Derecho Universidad de Chicago

Por: Rodrigo Delaveau | Publicado: Viernes 15 de marzo de 2019 a las 04:00 hrs.
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Chile cuenta en la actualidad con una amplia oferta de programas académicos en materia de administración, negocios y finanzas: MBA, diplomados y diversos cursos de especialización empresarial, los que han sido reconocidos incluso a nivel mundial. El grado de sofisticación y prestigio de muchos de ellos resulta incuestionable, y el país -tanto en crecimiento, productividad como en generación de empleo- se ha beneficiado de estos perfeccionamientos.

Sin embargo, una crítica recurrente por parte de los sectores productivos apunta a la falta de eficiencia y a la incomprensión de las decisiones y los procesos de las instituciones públicas con las que interactúan a diario, un fenómeno en franca expansión.

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Más allá de reconocer las innegables deficiencias propias del Estado en su faz regulatoria -cuya solución o atenuación corresponde ciertamente a los poderes estatales-, hay también aquí un déficit muy profundo y arraigado en la formación y desempeño empresarial en Chile: el desconocimiento de los principios, lógicas y valores que hay detrás de la función pública y sus instituciones. El régimen de gobierno, la separación de poderes, el sistema de frenos y contrapesos, el bien común, la responsabilidad administrativa o el mentado Estado de derecho, son conceptos casi vacíos, donde se ignora cuál es su contenido o, peor aún, se desconoce qué tiene que ver esto en el otorgamiento de una resolución ambiental, un permiso de construcción, una autorización sanitaria, la multa de un órgano fiscalizador, o un fallo judicial.

El problema suele comenzar creyendo que este “es un tema para los abogados”. Pero en una época en que el acceso a las normas jurídicas dejó de ser un monopolio de los juristas, todo empresario debe comprender al menos los principios básicos de las instituciones que lo regulan y entender las lógicas y motivaciones que hay detrás de los órganos públicos. Así, los MBA suelen estar plagados de cursos “legales”, pero su gran mayoría apuntan a enseñar Derecho corporativo, societario, tributario y quizás algo de temas medioambientales.

Con todo, no existe formación ni esfuerzo por hacer entender “lo público” -como algo distinto de “lo estatal”, ni mucho menos lograr comprensión de las lógicas y principios que fundan un sistema de gobierno limitado al servicio de las personas, mediante un lenguaje que utilice las metodologías y herramientas de la economía, que les permita a los empresarias comprender las instituciones públicas de manera más amigable y cercana, no solo para maximizar legítimamente las utilidades o el proceso productivo, sino para contribuir al país de manera más armónica, donde seamos capaces de disminuir -desde adentro- fenómenos como la colusión, la corrupción, u otras conductas sancionadas por la ley (muchas veces ignoradas por los propios empresarios), sin tener que recurrir a abogados cuando la leche ya está derramada.

Contar con este activo dentro de la formación de cualquier empresario constituiría ciertamente una ventaja comparativa respecto de su competencia, a la par de reducir las barreras de entrada en los mercados regulados, internalizando -preventivamente- los costos que significaría infringir el ordenamiento jurídico. Esto constituiría, en palabras de Roland Coase, una verdadera reducción en los costos de transacción. Y ello siempre termina siendo más eficiente para una sociedad.

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