"Sí + AFP", por varios motivos

Javier Pinto

La nacionalización de las AFP no sólo es una muy mala idea, sino muy peligrosa, aún cuando la situación económica, política y social del país obliga a replantearse cambios relevantes en el sistema de pensiones.

En primer lugar, la nacionalización de los ahorros previsionales responde a una semántica política que evidencia un desconocimiento por los criterios técnicos de la administración de activos financieros, y un profundo desprecio por ellos. A la base de propuestas como la del PC o la de "No + AFP", hay un sentido épico que no reconoce los límites de su propio razonamiento y que justifica la propuesta en base discursos muy simplistas. El manejo de activos financieros requiere una industria formal y regulada, y la gestión de los ahorros previsionales no es diferente. Cuando se pone a lo menos la meta de mantener el valor del dinero en el tiempo en un sistema de ahorro que puede prolongarse hasta por 45 años en la vida de una persona, el trabajo de la industria financiera es crucial, cuando se requiere un conocimiento técnico muy específico y complejo.

En este sentido, cuando nos preguntamos si la gestión de fondos ha sido técnicamente acertada o si las comisiones por la administración son muy elevadas, el comparativo con la industria financiera local e internacional muestra una gestión eficiente por parte de las AFP. ¿Podrá hacer lo mismo un ente público? Yo estimo que no, y los defensores del término de las AFP no dicen nada al respecto.

En segundo lugar, las propuestas para terminar con las AFP son peligrosas por dos motivos. Primero, por criterios tales como la pirámide poblacional, imprevistos del mercado laboral, nuevas tecnologías (gig economy), expectativa de vida, gasto en salud, y un largo etc., todos ellos criterios que la simple eliminación del ahorro privado no logra integrar en un nuevo proyecto. Así, iniciativas para el término de las AFP son riesgosas por incompletas, y no integran la magnitud social del problema (algo, por lo demás, muy propio de las políticas públicas altamente ideologizadas). El segundo motivo para desconfiar de esta idea es el altísimo riesgo de corrupción y mal uso de los recursos destinados al pago de pensiones.

¿Quién nos asegura que no habrá mal uso de esos dineros? ¿Quiénes designaran a los responsables por la administración de los recursos? El conflicto de interés monumental que provoca la administración pública de los ahorros previsionales es un problema que ninguno de los promotores del fin de las AFP quiere señalar.

No hay duda de que no es posible el statu quo, hay que perfeccionar el sistema sustancialmente. Y para eso es importante la colaboración de actores locales e internacionales ampliamente aceptados por sus conocimientos técnicos y sociales, como también por ser confiables cara a la ciudadanía. De lo contrario, nos veremos inundados de más propuestas poco serias; y la vejez no es nunca un asunto poco serio.