Sobre pesca ilegal, derechos ancestrales y capturas de subsistencia

Se encuentra en el Congreso Nacional un proyecto de ley que busca tipificar y endurecer las penas para quienes practiquen o participen del ilícito conocido como pesca ilegal, que hace referencia al delito de obtener pescados, algas, moluscos o mariscos de manera indebida, fuera de autorizaciones de pesca o robando desde zonas de cultivo o áreas de manejo, sin conciencia sobre su recuperación y afectando la sustentabilidad de dichas especies.

La pesca no declarada, certificada o fiscalizada es uno de los principales problemas que enfrenta el sector pesquero mundial y también Chile, ya que agota las poblaciones de peces, destruye los hábitats marinos, perjudica injustamente a los pescadores que actúan legalmente pescando sus cuotas y hace más vulnerables a las comunidades costeras. Se trata, entonces, de recursos marinos que son obtenidos fuera de las cuotas de extracción científicamente otorgadas por la autoridad, que tienen destino desconocido, que no pagan impuestos, no tienen controles sanitarios y no se rigen por ningún criterio de conservación que haga sostenible su recuperación y mantención.

El proyecto se enfoca en aquellos grupos que operan con importantes recursos económicos, tecnológicos y logísticos sobre patrimonios pesqueros altamente demandados, como por ejemplo la merluza común o algas como el huiro, recientemente afecto a una larga veda por sobreexplotación artesanal costera. Por ende, este proyecto no está destinado -y así deben comprenderlo los legisladores- a combatir las capturas de subsistencia o soslayar los derechos ancestrales de comunidades costeras que acceden a recursos pesqueros para su diario vivir.

Sin embargo, es de extrema urgencia legislar para endurecer las penas para quienes han hecho de la pesca ilegal un negocio extremadamente lucrativo. Sólo a modo de ejemplo y según un estudio de la Universidad de Concepción del año 2015, en varias caletas artesanales de las regiones del Maule y O’Higgins se están extrayendo cuatro veces la cuota autorizada de merluza común. Es decir, sólo una de cada cinco merluzas que salen de esa zona con destino a terminales pesqueros, ferias libres u otros comercios, es legal y sostenible. Un dato más: en lo que va corrido del año han sido decomisadas por Sernapesca y Carabineros de la Región del Maule más de 20 toneladas de merluza común ilegal. Como en todo tráfico, esto es sólo la punta de un enorme iceberg.

Por estas razones, el proyecto que debe discutir el Congreso Nacional debe resguardar el acceso y capturas a las comunidades costeras de subsistencia, pero en ningún caso esto debe ser aprovechado para intentar generar forados legales que amparen un delito gravísimo como la pesca ilegal y que es la causa fundamental de la extinción del patrimonio pesquero chileno.