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Sostenibilidad en la nueva Constitución

FERNANDA HURTADO Gerente general Fundación Generación Empresarial

Por: FERNANDA HURTADO | Publicado: Viernes 25 de marzo de 2022 a las 04:00 hrs.
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FERNANDA HURTADO

Para proyectarse en el tiempo, las empresas deben invertir en innovación, cuidado del medio ambiente y relación con las comunidades, además de realizar nuevos proyectos que les permitan competir en mercados altamente cambiantes, con nuevas y mayores exigencias. El concepto de sostenibilidad encierra justamente este hecho innegable: la trascendencia en el tiempo de las compañías pasa por resguardar un fino equilibrio entre variables asociadas al entorno ambiental y social, y la viabilidad económica.

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La discusión en el marco del proceso constituyente parece ignorar esta última dimensión. La exacerbación que han hecho los convencionales de las dos primeras parece ignorar que no hay sociedad posible sin el motor económico del sector privado.

En este sentido, es muy preocupante el efecto que tendrían varios artículos que se están discutiendo, especialmente en la inversión futura. En materia macroeconómica, la responsabilidad de la política fiscal podría quedar diluida en múltiples actores locales, y queda por ver el rol que se le asignará en la Constitución al Banco Central en materia monetaria, al que podrían sumársele nuevos objetivos.

En cuanto al derecho de propiedad, aspectos centrales podrían quedar fuera del texto constitucional y quedar relegados -en el mejor de los casos- a la ley, donde las mayorías circunstanciales de un eventual Congreso Plurinacional definirán sus bordes, sin (hasta el momento) contar con debidos contrapesos. Ante eventuales controversias en materia territorial, comercial o accionaria –u otros ámbitos- entre un descendiente de pueblos originarios y alguien que no lo sea, se generará un conflicto de competencias de difícil solución. Además, el texto constituyente parece avanzar en una suerte de poder de veto de los pueblos originarios que afectaría no solo a ciertas materias regulatorias, sino también a iniciativas de inversión que pretendan desarrollarse en los denominados territorios indígenas.

Un marco macroeconómico menos nítido, un derecho de propiedad más difuso, un proceso legislativo volátil para futuras regulaciones, sistemas de justicia que tendrán que arbitrar contingencias entre ciudadanos en función de su origen étnico y la futura competencia de empresas públicas regionales -sin mencionar todavía propuestas de nacionalización de recursos y empresas u otras excentricidades-, son todos elementos que no hacen más que ahuyentar la inversión privada. Sin esta, uno de los pilares que garantizan la sostenibilidad de las empresas queda con problemas estructurales.

Quienes tienen el mandato de redactar un texto que convoque a las mayorías y que proyecte al país en las próximas décadas no pueden ignorar el impacto que tiene en nuestra sociedad el trabajo de millones de emprendedores y empresarios. No solo por su efecto multiplicador en las familias cuyos ingresos dependen de la iniciativa privada, sino porque el país necesita del abastecimiento de productos y servicios esenciales que son provistos por empresas grandes y pequeñas. Y su sostenibilidad podría estar en juego.

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