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Columnistas

Subdesarrollo tecnológico

Abogado Marinovic & Asociados

Por: Martín Vilajuana | Publicado: Viernes 17 de junio de 2016 a las 04:00 hrs.
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Hace algunas semanas llamé a la Subsecretaría de Economía. Quería averiguar cuántas empresas en Chile habían incorporado el uso de la firma electrónica; y conocer la estrategia que tenía esa división del Estado para incentivar su uso. La entidad a cargo de promover el sistema no disponía- sin embargo- de ninguna estadística respecto de su uso. Y aparentemente tampoco tenía mayor interés en hacer públicos los beneficios que la firma electrónica- subutilizada aún- podría tener tanto para los ciudadanos como para empresas públicas y privadas.

De hecho, la razón principal por la que su implementación ha sido lenta- desde la entrada en vigencia de la ley- es la ignorancia y una dosis de desconfianza respecto de su validez, pese a que legalmente su uso no representa riesgo alguno. En efecto, incluso los estudios jurídicos más grandes y prestigiosos del país operan todavía con la firma manuscrita, lo que demuestra que la resistencia a cualquier forma de innovación forma parte, quizá, de nuestra idiosincracia.

Los notarios tampoco han contribuido demasiado, probablemente porque tienen conflictos de interés en el asunto. Ciertamente, el uso de la firma electrónica -ante un prestador acreditado de este servicio- permitiría reducir el número de trámites que obligatoriamente se deben hacer hoy en una notaría. Es natural entonces que el gremio no se muestre demasiado entusiasta con la novedad ni contribuya decisivamente a incorporarla.

La firma electrónica ha beneficiado a miles de chilenos que hoy pueden, por ejemplo, obtener su permiso de circulación por la web gracias a ella. Muchos contratos bancarios o con instituciones aseguradoras se formalizan también por esa vía. Sin embargo, su implementación es aún lenta, muy lenta, si se piensa que desde el año 2012 su uso está legalmente permitido y por tanto, acreditado como válido.

El caso de la firma electrónica es, en todo caso, meramente simbólico. Nuestra cédula nacional de identificación dispone también de un chip capaz de almacenar cantidades relevantes de información que podrían simplificar la vida de muchos y hacer prescindible la recopilación de toda clase de certificados. Y con el pasaporte ocurre más o menos lo mismo.

¿Qué significa todo esto? Que la tecnología está disponible, pero que no se usa. Que por alguna razón, hay resistencia a incorporar cambios. En definititva, que en el camino al desarrollo está implicada la innovación tecnológica, pero también la disposición a sacar provecho de ella saliendo de la zona de confort que ofrece la costumbre. Esa disposición, esa actitud, es aparentemente la que falta.

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