Suprimir el CAE, entre la poesía y la demagogia

La discusión parlamentaria del presupuesto 2017 ha traído a la atención pública los comportamientos más disímiles, en este país que el desprestigio de la esfera pública tiene entre varios fundamentos la ilusión que no existe la escasez. Se intenta convencer a la población que las necesidades pueden ser satisfechas porque los recursos son ilimitados.

En el campo educacional, la reforma tributaria prometió 3 puntos del PIB para satisfacer las necesidades sociales (pero no de inmediato), una de las cuales estaban en la educación. Como en el sacrosanto “Programa” presidencial se ofreció la “gratuidad universal” (pero no de inmediato), se desencadenaron las demandas estudiantiles: ¿hay algo mejor que estudiar gratis, sin endeudarse?. Sin embargo, al poco andar se enfrentó el problema que Chile todavía no es un país escandinavo y el precio del cobre se vino al suelo, por lo tanto, el deseo tuvo que ser postergado por un plazo indefinido, en medio del desaliento de los jóvenes y sus familias de clase media siempre postergadas.

Pero el lema de las movilizaciones anarquistas de París 1968 sigue vigente: “seamos realistas, pidamos lo imposible”, olvidando que en ese país constituyó una poesía surrealista y terminó desintegrado. En Chile sigue vigente, no solo con la gratuidad universal, este sueño tan iluso, sino con un nuevo tema: suprimir el CAE, sea en forma integral o gradual, a lo cual se han sumado numerosos parlamentarios, especialmente de la Nueva Mayoría.

Se debe partir por el origen del Crédito con Aval del Estado, creado en 2006. Hasta entonces estaba el Fondo Solidario del Crédito Universitario, que solo beneficiaba a las 25 universidades del CRUCH, pero dejaba fuera al resto de las entidades de Educación Superior y a las instituciones técnico-profesionales que se expandían con rapidez. El CAE permitió uno de los grandes avances de los últimos decenios, la incorporación masiva de quienes querían sumarse a este estamento, pero no tenían recursos para pagar los aranceles. La matrícula actual llega a 1.200.000 estudiantes, un logro decisivo para el futuro desarrollo económico y social del país.

Entre los aspectos nuevos del CAE estuvo que ante la escasez de recursos fiscales para otorgar becas y créditos se recurrió a los fondos bancarios, sin los cuales no era posible la masificación, y la posibilidad de incorporarse a un sistema de cobranza que solucionaría la injusticia que significaba que los préstamos los pagaba quien así lo decidía y no el Estado, a quien corresponde otorgar los subsidios. La licitación de los paquetes de créditos aseguraba la competencia entre los bancos, rebajando algo las tasas de interés. Sin embargo, como se trataba de clientes de alto riesgo las condiciones de los préstamos resultaron muy onerosas y se extendieron las protestas, lo que llevó a la intervención estatal que estableció tasas de interés muy bajas y pago de cuotas “contingentes al ingreso” del deudor, con una condonación del saldo al cabo de un período de pago.

Sin embargo, esta modificación del CAE llegó muy tarde y el sistema ya estaba cuestionado de raíz y los culpables pasaron a ser los fríos bancos. Hoy muchas familias están endeudadas, mientras se les ofrece “la gratuidad universal” y la reacción de algunos parlamentarios, que les incomoda reconocer la escasez de los recursos fiscales y quieren seguir siendo progresistas, se ubican desde los que proponen suprimir el CAE “aquí y ahora”, “empezar a rebajarlo”, hasta no aceptar la propuesta del proyecto de Gobierno que aumenta la asignación presupuestaria a $ 706.000 millones, el 18% respecto a 2016. Este monto crece como consecuencia del incremento de las matrículas, a pesar que se mantiene el monto máximo del crédito, pero implica gastos fiscales por el 35,6% del presupuesto de Educación Superior.

Las propuestas no dan respuesta a preguntas difíciles como ¿quién podría financiar los créditos necesarios para que paguen los aranceles los nuevos y actuales estudiantes, que no tengan acceso a becas o la gratuidad? Hay que considerar que quienes acceden al CAE no pertenecen a las familias más ricas del estudiantado, en especial en los planteles técnico-profesionales, donde no podrían costear los aranceles y tendrían que retirarse de la enseñanza.

El Gobierno ha anunciado que modificará el sistema de créditos en 2017, excluyendo a los bancos, pero como ha sido habitual en la Reforma Educacional es una propuesta imprecisa y con características dilatorias.