Tanto va el cántaro al agua…

Ya hace un tiempo que las principales clasificadoras de riesgo mundiales habían puesto a Chile en observación, apuntando a reducir nuestra clasificación de riesgo país. Hace pocas semanas el prestigioso Instituto de Finanzas Internacionales dio prácticamente como un hecho el deterioro crediticio de la deuda soberana chilena. Y tanto fue el cántaro al agua... que al final se rompió. Esta semana Stantard & Poor´s (S&P) redujo la clasificación de Chile de AA- a A+, el primer ajuste de este tipo en 25 años. Poco consuelo es que buena parte del efecto haya estado internalizado por el mercado y que la perspectiva haya cambiado (luego del deterioro del rating) de negativa a estable.

Sin eufemismos, esta es una muy mala noticia para Chile, que deteriora las condiciones en las que el Estado de Chile y las empresas chilenas (públicas y privadas) pueden obtener crédito en los mercados internacionales. Pero también repercute en las personas. Así como las tasas de interés locales bajaron significativamente desde los años 90's mientras mejoraba la clasificación de riesgo de Chile, un deterioro sostenido de esta última traería inevitablemente un aumento en las tasas de interés a las que podrían endeudarse los chilenos.

Esta deplorable situación marca un fuerte contraste con la que vivimos hace no tanto. En 2010 S&P mejoró la clasificación de Chile a AA-, nivel inédito hasta entonces para un país emergente. Además, entre 2010 y 2013 Chile mejoró su clasificación de riesgo todos los años por alguna de las principales clasificadoras mundiales (Moody´s, Fitch y DBRS, además de S&P). Y en 2012 Chile emitió el bono soberano con la menor tasa y menor spread que había conseguido nunca antes un emisor emergente, record que sigue vigentes hasta hoy.

Cabe entonces hacerse 3 preguntas centrales. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Era evitable? ¿Qué debemos hacer para revertirlo? La causa fundamental la encontramos en el propio comunicado de S&P: es el prolongado bajo crecimiento de nuestra economía, que deteriora los ingresos fiscales y lleva a aumentar la deuda pública, lo que aumenta la vulnerabilidad de Chile ante shocks externos.

Seamos claros: el deterioro fiscal del actual gobierno de la Nueva Mayoría se debe solo parcialmente a la caída internacional del precio del cobre. Gran parte viene del frenazo económico desde 2014, y de la sobre-expansión del gasto público, especialmente en 2014 y 2015. Vamos por parte.

Por supuesto, la economía chilena se debería haber desacelerado luego del fin del super-ciclo de los commodities. En un estudio reciente del FMI, este efecto se estimó en alrededor de 1 punto de menor crecimiento anual para un país como Chile (recordemos que junto a la caída del precio del cobre se desplomó el precio del petróleo, lo que ha protegido nuestros términos de intercambio). Pero la caída de crecimiento ha sido cercana a 3,5 puntos, desde 5,3% en 2010-13 a 1,8% proyectado para 2014-17. Al menos 2 de estos puntos se deben a la crisis de confianza e incertidumbre que se retroalimentan con la pésima calidad de las reformas llevadas a cabo o anunciadas por este gobierno. Como cada punto de menor crecimiento anual hace caer la recaudación fiscal en alrededor de US$ 600 millones, el efecto en 4 años es un menor ingreso fiscal por unos US$ 12.000 millones. En jerga futbolística, un enorme autogol .

Pero junto a esta enorme caída de ingresos, el gasto público creció a más de 3 veces el PIB durante 2014 y 2015. Cierto, la actual autoridad económica hizo un esfuerzo por reducir la irresponsable expansión del gasto fiscal. Sin embargo, el esfuerzo ha sido a todas luces insuficiente. Así, el déficit fiscal proyectado para 2017 supera los 3 puntos del PIB, cifra cercana a US$ 8 mil millones que se debe financiar en los mercados. Más aun, el último Informe de Finanzas Públicas indica que el próximo gobierno recibirá holguras negativas, es decir, el gasto fiscal comprometido es superior al necesario para cumplir el déficit estructural comprometido. Lindo regalo.

Queda claro entonces que este deterioro en la clasificación de riesgo de Chile era perfectamente evitable. El desprecio por el crecimiento económico y el empecinamiento en políticas públicas de paupérrima calidad nos siguen pasando la cuenta. ¿Y es posible de revertir? Sí, pero no en el corto plazo. Ello requiere de un importante cambio de rumbo.

Se requiere un nuevo compromiso con el crecimiento económico y con la responsabilidad fiscal. Hace pocas semanas, junto a José Ramón Valente, propusimos limitar legalmente la relación de deuda pública bruta a PIB a un máximo de 35%. Esta regla, unida a la de balance estructural, daría una poderosa señal a los mercados financieros internacionales del firme compromiso de Chile con la responsabilidad fiscal. Pero nada será suficiente si no volvemos a tomar en serio el crecimiento económico, no solo en los discursos sino en los hechos. El comunicado de S&P es una nueva campanada de alerta al respecto.