TPP 11 bajo la lupa

Sergio Amenábar

Si bien la globalización de los mercados y la suscripción de tratados de libre comercio han sido, en general, favorables para Chile, esto no es un postulado absoluto. Es clave estudiar bien los alcances de cada acuerdo para asegurarnos de firmar lo que realmente nos conviene. Sobre todo, cuando son de gran envergadura como el llamado “TPP 11” (Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico), cuya discusión se ha retomado en el Congreso.

Al respecto, existen al menos tres factores ligados a propiedad intelectual que prenden luces de alerta.

El primero tiene que ver con el emprendimiento. En países en desarrollo como el nuestro, los emprendedores requieren, además de fondos, un entorno favorable. Esto incluye contar con la asistencia necesaria para que sus creaciones sean protegidas de acuerdo a las necesidades del país, en línea con nuestro ordenamiento jurídico. Como está planteado actualmente, el TPP 11 establece la centralización del sistema de registros, desformaliza de manera casi absoluta los procedimientos de marcas e incita a lo mismo en relación a patentes, dibujos y diseños industriales. Si a primera vista ello parece positivo, tiene un alto costo asociado, ya que disminuye la certeza jurídica (injustificada por la aparición de tecnologías amigables como la firma digital), afectando el entorno del emprendimiento.

El segundo es revisar qué estamos cediendo. Hay que decirlo con todas sus letras: si firmamos un tratado como éste, lo que estamos haciendo es ceder soberanía; esto es, nos estamos sometiendo a que los países más desarrollados tecnológicamente mantengan el monopolio internacional de la gestión en Propiedad Intelectual. En otras palabras, además de ser titulares de la gran mayoría de las marcas de presencia internacional, pondrían las reglas y se convertirían en administradores de ésta por intermedio del sistema centralizado que administra la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

La Propiedad Intelectual es como la caja fuerte de la innovación: no podemos ceder su clave a terceros (y hacerlo de manera voluntaria), a menos que queramos seguir siendo un país exportador de materias primas, mientras otros se consolidan como exportadores de tecnología. En vez de acortar la brecha, la estaríamos profundizando.

El tercero es preguntarse si la firma de este tratado es constitucional. Reconocidos expertos en la materia, como José Luis Cea (ex presidente del TC) y Pablo Ruiz Tagle (decano de Derecho de la U. de Chile), han advertido que el sistema de centralización del registro de marcas —bajo el Protocolo de Madrid, que es el instrumento al que refiere el TPP 11— tiene varias causales de inconstitucionalidad. No corresponde suscribir un acuerdo que transgreda nuestra Constitución. A una conclusión similar debería llegarse sobre la centralización de registro de dibujos y modelos.

Los países hoy desarrollados fueron muy cuidadosos, en su momento, de no firmar acuerdos mientras no tuvieran la cancha pareja en Propiedad Intelectual. No caigamos en un afán de globalización desmedida que nos haga depender más de terceros que lideran (y cuidan mejor que nadie) este activo. Sería intentar jugar en las grandes ligas, sin estar preparados y con todas las de perder.