¿Un país de viviendas más caras?

Vicente Domínguez

La eliminación de la devolución parcial del IVA a la construcción de viviendas, sin considerar medidas paliativas, es una mala política pública. El Gobierno ha enviado un proyecto en tal sentido al Congreso, en el marco de un esfuerzo por mejorar las bajas pensiones promedio de los chilenos, y quienes nos preocupamos por la situación habitacional de las familias chilenas no podemos dejar de expresar nuestra opinión.

En primer lugar, porque se parte de un concepto errado, según el cual esta facilidad tributaria sería un beneficio para las empresas constructoras o inmobiliarias, cuando en realidad este es un beneficio para los compradores. La actividad inmobiliaria y de construcción es extremadamente competitiva en Chile, razón por la cual las empresas que quisieran capturar ese beneficio para aumentar sus utilidades quedarían rápidamente fuera del mercado.

La eliminación de este beneficio para los compradores significaría encarecer las viviendas, en especial las que están bajo las 4.000 UF, en montos entre un 8% y un 12%, de acuerdo con cálculos de consultoras independientes. En el mundo real, además, los compradores de viviendas deberán hacer frente al aumento las tasas de interés hipotecarias, tras la caída importante de los fondos para financiar operaciones de largo plazo como producto de los retiros de fondos desde las AFP y adelanto de las rentas vitalicias a que se está obligando a las compañías de seguros.

Como inmobiliarios, estamos plenamente conscientes de las dificultades del acceso a la vivienda en Chile y cada día trabajamos por facilitar opciones habitacionales para las familias chilenas. Nos preocupa que se adopten políticas públicas que afectan principalmente a la clase media y sectores vulnerables, en un país donde nueve de cada 10 familias que adquieren viviendas de hasta 2.000 UF requieren algún tipo de ayuda estatal y cuando perceptiblemente se ha incrementado el déficit habitacional.

Si el Estado desea seguir apoyando a las personas de menores recursos para llegar a su vivienda, deberá compensar el impacto de este proyecto de ley a través de aumentos en los subsidios a la adquisición de vivienda en montos equivalentes a los mayores costos que enfrentarán las familias para adquirirlas. De otra manera, sólo se ahondará el déficit habitacional señalado.