Un presagio desconfiado

Sebastián Izquierdo R.

Desde hace un tiempo que me he venido encontrando con una desafortunada creencia. Y es que hay quienes temen que existe cierta “asombrosa ingenuidad” respecto de la visión que tienen algunos académicos de derecha sobre la idea de construir una Constitución mínima. Se critica que, aparentemente, esta no conversaría con la historia de nuestro país, y que, para colmo, dañaría aquella democracia que tanto busca proteger.

Sin embargo, y para la tranquilidad de quienes no conocen bien esta medida, lo cierto es que las constituciones mínimas son mucho más que sólo una hoja de ruta. Estas ponen la mirada en el largo plazo, con el fin de encontrar mínimos comunes, que eviten aquellos maximalismos en ordenación de nuestra carta magna. No olvidemos que mientras más amplia y detallada es la regulación constitucional de distintas contingencias, mayor es la limitación para la futura deliberación legislativa y la intensificación de la imposición generacional de ciertas ideas. Mínimo no es sinónimo de cero; sí de minucioso.

Además, no pretende partir de cero. Es más, no considerar el agotamiento del diseño institucional de la carta de 1980; desconocer la carga política que esta tiene producto del período en que fue elaborada, y no percibir aquellos mecanismos contramayoritarios, los cuales han neutralizado la capacidad de la política democrática de dar respuestas oportunas a las demandas ciudadanas, es no buscar el progreso. Considerar la historia nunca ha sido quedarse pegado en ella. Cometer este grave error terminaría, consecuentemente, por conducirnos al abismo de excluir los desafíos presentes y futuros de la comunidad política y social.

Establezcamos reglas del juego que nos permitan garantizar los derechos y las libertades básicas para el desarrollo de los diversos proyectos de vida. Revisemos críticamente los defectos de nuestra ley fundamental, para eliminar aquellas aristas que el tiempo ha alcanzado, y revitalizar los aportes que nos dejó. Claro está que esta nueva carta magna no es a la solución a nuestros males, pero pienso que es un error no evaluar cuál sería la mejor opción para perfeccionarla en el caso de que así lo decidan los chilenos.

Es momento de relegitimar nuestras instituciones y las prácticas políticas; volvamos a renovar nuestros compromisos esenciales como comunidad, sobre la base de una participación amplia. No hacer esto es creer que la democracia es el problema, y no la solución.