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Una “buena ley” para el Fondo de Infraestructura

Carlos Cruz Secretario ejecutivo Consejo de Políticas de Infraestructura

Por: Carlos Cruz | Publicado: Miércoles 26 de julio de 2017 a las 04:00 hrs.
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Carlos Cruz

De acuerdo a lo que se ha sabido, la Comisión de Hacienda del Senado está a punto de despachar el proyecto de Ley que crea un Fondo de Infraestructura. Este instrumento, que ha sido apoyado por el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), es fundamental para profundizar la asociación pública privada, haciendo posible la financiación privada de proyectos públicos que requieren de un largo período de maduración.

En efecto, si el país asume que para alcanzar los niveles de desarrollo que se merece es necesario aumentar la inversión en infraestructura y dadas las restricciones fiscales que se enfrentarán en el futuro cercano, sólo cabe impulsar una mayor inversión privada en este sector. Para ello no basta con contar con una experiencia de más de 20 años en concesiones, con una formalización de la institucionalidad a cargo de la promoción de esta industria, con la identificación de carencias importantes que requieren de inversiones cada vez mayores para transformarse en oportunidades, sino que es necesario contar con un mecanismo que haga efectiva la vocación de asociación manifestada por el gobierno.

A nuestro juicio, la mejor expresión de esa disposición es un Fondo de Infraestructura (FI) que garantice los retornos de inversiones públicas en el largo plazo para que puedan ser financiadas por el sector privado a través de un sistema de concesiones. Este FI que proponemos no requerirá aportes financieros del gobierno, sino de la transferencia de derechos que el Estado tiene sobre los retornos de inversiones en infraestructura concesionada que tienen valor económico, es decir, que cuentan con usuarios dispuestos a pagar una tarifa por utilizarlas, como consecuencia de los beneficios que les reportan.

Por ejemplo, la licitación de la segunda concesión del aeropuerto de Santiago le reportará al Estado un ingreso de más de US$ 200 millones anuales por 20 años. Si esos recursos fuesen destinados al FI, éste contaría sólo por ese efecto con un ingreso asegurado de más de US$ 2.000 millones que podrían servir para garantizar obras de gran significado y que difícilmente podrán ser financiadas por el Estado en las actuales circunstancias. Y como el aeropuerto, podrían incluirse dentro de estas concesiones -que se relicitarán en los próximos 6 años- la Ruta 68, la Ruta 78, varios tramos de la Ruta 5 y otras.

Nuestra estimación como CPI es que a través de este mecanismo la infraestructura concesionada es capaz de generar recursos por más de US$ 10 mil millones, los que, de ser administrados por un FI bien concebido, podrían garantizar proyectos por más de US$ 50 mil millones. Entre éstos se podría incluir la ampliación de los servicios ferroviarios para dotar al país de una plataforma logística que se adecúe a los requerimientos del futuro; una ruta norte-sur paralela a la Ruta 5 que ensanche Chile; pasos fronterizos de nueva generación que aseguren conectividad con Argentina los 365 días del año; autopistas urbanas no sólo en Santiago sino en Antofagasta, La Serena-Coquimbo, Valparaíso-Viña, Concepción-Talcahuano-San Pedro, Puerto Montt-Puerto Varas y otras. También sería posible ver forma de concesionar la conectividad digital a través de fibra óptica de Chile de norte a sur y con el resto del mundo.

Un FI conceptualizado de esta forma evitará que las contingencias que suponen los compromisos que el Estado pueda adquirir, al respaldar inversiones de largo plazo en infraestructura pública financiadas por el sector privado, afecten la administración del presupuesto público, al contar con una estructura de garantías que el propio sistema de concesiones proporciona. Dependerá de la focalización del objetivo del instrumento, de la precisión en la conformación de sus activos y de su patrimonio, de la fortaleza e independencia que la ley le otorgue a su administración, el potencial de apalancamiento con que cuente.

Chile tiene activos con alto valor económico en infraestructura que tienen la capacidad de aportar para nuevas inversiones en el sector. Dependerá de la calidad del proyecto de ley de FI que se apruebe, el potencial que esos activos puedan desplegar.

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