Una Comisión Nacional de Productividad 4.0

Bernardo Larraín

Dos de los principales ejes que Sofofa ha puesto en el debate público -por ser esenciales para el desafío de subir el umbral del crecimiento potencial del país- son la modernización del Estado (sus instituciones y gestión) y la simplificación regulatoria (agenda +SIMPLE=Mejor). Hemos convocado a debatir sobre estos temas en Sofofa a los candidatos presidenciales, a cuatro ministros del nuevo gobierno, y a líderes políticos y académicos.

La semana pasada el gobierno anunció algunos pasos promisorios en ambos temas. Se propusieron cambios en tres instituciones esenciales para el proceso de inversión en Chile: ambiental (SEA), aguas (DGA) y direcciones de obras (DOM). Se creó una oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) para que articule y coordine los diversos procesos a los que se somete un proyecto de inversión. Finalmente, se mandató a la Comisión Nacional de Productividad (CNP) para que revise las complejidades regulatorias de algunos sectores estratégicos de la economía chilena. Si bien los anuncios que más protagonismo tuvieron fueron los dos primeros, quisiera destacar la importancia y posible proyección del último.

La OCDE posiciona a Chile como el país con el peor estándar de calidad en procesos de formulación de políticas públicas y de evaluación de impacto regulatorio. Esto evidentemente tiene elevados costos para el país, y por ende la pregunta es, cómo salimos de este lugar. Creemos que una evolución de la institucionalidad y rol de la CNP puede darnos una respuesta.

La CNP -una muy buena iniciativa del gobierno anterior- es hoy una comisión asesora presidencial meramente consultiva, creada por decreto, que realiza estudios para “aumentar la productividad para mejorar la vida y bienestar de las personas”. Proponemos que la CNP se transforme en una agencia permanente y autónoma, consagrada por ley y con al menos tres funciones esenciales: evaluación regulatoria ex post para proponer iniciativas de simplificación y de coherencia regulatoria; fijación de los estándares y de la metodología, así como su validación posterior, para nuevos Informes de Impacto Regulatorio que debieran acompañar todo proyecto de ley y reglamentación secundaria; y, finalmente, la validación y supervisión de un nuevo proceso de formulación regulatoria pre-legislativo, con instancias tanto de participación ciudadana, como de expertos y agentes regulados. Se trata de responder preguntas tan simples como ¿es necesaria una nueva regulación para resolver un problema?, si la respuesta es sí, ¿cuáles son los instrumentos disponibles y cuáles son sus costos y beneficios?, y finalmente ¿sigue una ley o reglamento cumpliendo su función?

Entendemos las críticas que se levantan hacia agencias con funciones como las indicadas en el sentido que podrían limitar la soberanía con que gobiernos y parlamentarios ejercen su rol. Sin embargo, con un diseño adecuado, procuran más bien que lo hagan considerando el conocimiento técnico, científico y jurídico disponible en una diversidad de actores de la sociedad, así como sus efectos secundarios en la productividad o en las finanzas públicas. Promover una revisión regulatoria frecuente, por otra parte, es un deber para los tiempos en que los cambios tecnológicos son permanentes. Institucionalizar, por lo tanto, un proceso dinámico y participativo de revisión del stock y flujo regulatorio –que determina la estructura y funcionamiento del Estado- puede ser un muy buen primer paso para evolucionar hacia un Estado moderno y dinámico.