Una cultura de integridad en el Estado

Daniella Carrizo Santiago

Chile se cuenta entre los países menos corruptos del mundo y es el segundo menos corrupto de Latinoamérica. Esta mirada podría dejarnos muy tranquilos, pero puede ser engañoso. En los 4 últimos años hemos retrocedido en forma sostenida, pasando del lugar 21 al 27 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Chile Transparente, y ha aumentado la percepción de desconfianza ciudadanía frente a las instituciones públicas.
Si bien Chile desde el año 1994 ha generado más de 200 medidas administrativas y legales en estas materias, no ha sido suficiente para revertir la mala percepción de las instituciones públicas.

Somos parte de la OCDE, de la UNCAC y otras asociaciones internacionales importantes de combate a la corrupción, pero tampoco ha sido suficiente. ¿Por qué? Porque los temas de integridad requieren participación transversal, reflexiones de todos los ciudadanos y ciudadanas y un real entendimiento de que la ética no hace distinciones entre lo público y lo privado. Debemos cambiar nuestra mirada sobre la corrupción, de modo que considere la profunda decisión de cada persona en "la hora 25", cuando nos encontremos en una situación que implique decidir nuestra conducta.

Un avance en esta nueva perspectiva para enfrentar la corrupción ha sido el informe Engel, que impulsa la confección de códigos de ética en la administración central del Estado. El desafío considera ir más allá del control legal, propiciando herramientas de gestión que influyan en la cultura ética, instrumentos que junto a los sistemas de integridad son aplicados en el mundo anglosajón. ¿Cómo podemos replicar instrumentos de combate a la corrupción que provienen de idiosincrasias distintas a la nuestra? La experiencia indica que deben construirse en forma participativa y respetando la naturaleza de cada institución. La clave es la "participación y reflexión transversal de todas las personas que forman parte de las organizaciones".

Desde el año 2017 a la fecha hemos impulsado la creación de códigos de ética en 256 instituciones del Estado y 14 municipios e implementamos sistemas de integridad en 188 instituciones públicas, entre otros logros. Hemos establecido un marco de referencia respecto del actuar esperado, considerando una metodología participativa, en colaboración con las asociaciones de funcionarios y la voluntad de los jefes superiores de servicio. Trabajamos para tener procesos confiables sistematizados y con reportabilidad. Pero cojeamos en las estrategias de difusión, sensibilización y conocimiento con sentido. Es necesario un mayor compromiso e intervención activa de todos los actores para que no quede "guardado en un cajón" y relegado al olvido.

La invitación que hacemos desde el Servicio Civil es a fortalecer una cultura de integridad en el Estado acorde con los tiempos, que genere el control y autocontrol de las personas que trabajan en el ámbito público, de manera voluntaria y convencida del buen hacer, para contar con instituciones más transparentes y que establezcan una relación más cercana con la ciudadanía. El papel de los funcionarios públicos es fundamental.