Una institucionalidad urgente

Jeannette von Wolfersdorff

Todos los años, la comisión Especial Mixta de Presupuesto del Congreso recibe miles de datos de todos los servicios públicos. Junto con la ejecución presupuestaria, le llega información desde las glosas de la Ley de Presupuestos, datos que -al menos en parte- explican lo que ha hecho el gobierno y con cuántos recursos. En el Congreso, ¿quién hace análisis de datos con esta información? Hoy, prácticamente, nadie. En el Congreso, ¿quién revisa de verdad las evaluaciones y el monitoreo del gasto público que hace la Dipres? Hoy, prácticamente, nadie. Y, quizás aún más importante: del equipo de planta de la comisión Especial Mixta de Presupuestos: ¿quién tiene la autonomía para plantear críticas, o para hacer recomendaciones al sistema presupuestario?

Tener una institucionalidad propia y autónoma en el Congreso, para analizar estos datos de gasto público -y de su desempeño- siempre era muy importante. Ahora, se vuelve urgente, dada la situación fiscal. El Imacec del primer semestre mostró que es prácticamente imposible crecer al 3%, meta contemplada en las proyecciones fiscales de varios años.

Dada la situación fiscal, el cálculo que hay que hacer no es complejo: el Estado no podrá financiar sus nuevas iniciativas solo con nuevos ingresos, sino tendrá que empezar una mucho más rigurosa revisión del gasto actual. ¿Cuáles programas ya no son pertinentes? ¿Cuáles programas no son eficaces? Dado que es sumamente complejo cerrar programas mal evaluados, programas duplicados, o programas cuyos objetivos ya no coinciden con los objetivos de la sociedad de hoy, es muy relevante que en la revisión del gasto actual participen varias instituciones, no solo el Ejecutivo. Uno de estos “contrapesos” a la Dipres debiera ser la Oficina de Análisis Presupuestario, pero cuya puesta en marcha ha sido más lenta de lo esperado.

En los últimos meses, hemos visto a la Cámara de Diputados preocupada de la creación de la Oficina Presupuestaria para el Congreso. Incluso están analizando perfiles de expertos en datos para apoyar la labor de esa oficina de forma digital, a través de las nuevas tecnologías. La pregunta que surge es acerca del compromiso del Senado. Para que la Oficina de Presupuestos se instale de forma concreta, ambas cámaras deberán cooperar, y armar un equipo de trabajo en conjunto.

Desde el Observatorio del Gasto Fiscal esperamos mucho que el presidente del Senado, Jaime Quintana, y el nuevo secretario general, Raúl Guzmán, le den la prioridad que amerita la creación de la Oficina Presupuestaria. Junto con la Cámara deberían empezar pronto un proceso de ADP para elegir un director que tenga al menos alguna independencia en su cargo. Mientras tanto, en realidad, sin dirección propia y algún espacio de autonomía, poco se puede esperar de la capacidad de analizar datos presupuestarios desde el Congreso.