Uso de información privilegiada: mucho más que un perjuicio económico

La acusación de la SEC norteamericana en contra de dos directores de empresa chilenos por uso de información privilegiada volvió a resaltar la importancia de la ética empresarial y la necesidad de firmes controles internos en los gobiernos corporativos, para prevenir nuevos episodios que dañen la legitimidad de los mercados, el rol social de la empresa en el país, y la ya debilitada imagen empresarial.

Lo primero es decir las cosas por su nombre: el uso de información privilegiada, esto es, el utilizar para propio beneficio o de cercanos información que no está abierta al mercado, acerca de futuras fluctuaciones de precios en acciones, es lisa y llanamente una forma de robo. Robo con víctimas identificables, de monto calculable y con perpetradores de modus operandi delictual.

El caso denunciado por la SEC es típico de la literatura económica: el miembro del directorio de una empresa adquirió acciones de la misma, mientras se finalizaba la negociación para venderla a una gigante trasnacional. Para todo efecto práctico, las únicas diferencias de este delito con un robo por sorpresa en el paseo Ahumada son el monto sustraído, el número de víctimas y el tipo de delincuente.

La gravedad de acciones de este tipo es aún mayor en países como el nuestro, donde las pensiones de toda la población están estrechamente vinculadas a los mercados bursátiles. Esto lleva a que el uso de información privilegiada, aunque sea solo una vez, implique un perjuicio directo para millones de personas.

Es por todo lo anterior, que la diligencia de las entidades investigadoras, la fuerza de la justicia y el tenor de la respuesta del mismo mundo empresarial, debieran estar a la altura del daño que producen estos delitos, el que excede con creces el monto económico mal habido. Pero más importantes aún son las medidas que, desde las empresas, deben tomarse para evitar este tipo de hechos: controles estrictos del flujo de la información, tolerancia cero con personas ya involucradas en hechos de este tipo, quienes no debieran volver a formar parte de directorios, y revisión activa de inversiones personales por parte de los intermediarios financieros, los que tienen que tener un rol activo en la denuncia temprana a la justicia ante hechos no solo consumados, sino que de evidente riesgo.

Desde nuestra mirada, las empresas mismas, el Estado (específicamente sus órganos fiscalizadores) y las ONG tienen un rol preponderante en la necesidad de instalar, culturizar y hacer pensar sobre la arista ética que subyace a las decisiones financieras, sobre todo en los alcances de delitos sofisticados como suelen ser el conflicto de interés o el uso de información privilegiada. Y es que formar en estos temas no implica solo hablar de leyes y marcos en los que la gente debe moverse. Esa es solo la base. Lo fundamental es permitir ver lo que hay detrás de un delito de este orden y lo que genera en las personas y en la sociedad.

Un sistema económico funcional y sano se sustenta en el bienestar social. Lo hemos dicho y no nos cansamos de repetirlo: cuidemos a las personas, cuidemos nuestro sistema económico, cuidemos los intereses de todos, actuemos conscientemente. Sólo así conduciremos a nuestro país por la senda del progreso global y evitaremos que nuestras propias acciones u omisiones sean las que alejen a Chile de este derrotero.