Valdés frente a su última oportunidad

Cuando Rodrigo Valdés asumió como ministro de Hacienda el país respiró con un cierto alivio. Lo precedía un prestigio profesional bien ganado y reemplazaba al peor ministro de Hacienda que el país tenga memoria. Su llegada entonces alimentó la expectativa de que la sensatez podía volver a Teatinos 120 y, quizás, desde ahí irradiar hasta La Moneda.

Tres eran probablemente sus tareas principales en ese entonces: enderezar la absurda reforma tributaria de su antecesor, encausar la discusión de la reforma laboral y retomar la tradicional responsabilidad fiscal que nos ha caracterizado como país. Todas difíciles, por cierto, y que requerirían una fuerte dosis de carácter, liderazgo y resolución para llevarlas a cabo exitosamente.

El desempeño del ministro en las tres tareas puede ser materia de discusión. Mi opinión es que en todas ellas quedó totalmente al debe. Quizás donde más pudo influir fue en corregir marginalmente el desastre tributario de Arenas. En las dos siguientes, los resultados están a la vista. La reforma laboral que lleva su firma nos augura una judicialización de las relaciones laborales que difícilmente nos ayudará a hacernos más productivos y prósperos como país. Por su parte las cuentas fiscales simplemente no cuadran. A pesar de los discursos y los planes de ajustes fiscales, los números no aceptan interpretaciones. El déficit fiscal ha aumentado en más de US$ 15 mil millones desde los anuncios de austeridad de Valdés y terminaremos este año con un déficit efectivo superior al 3% del PIB.

Así, el balance no es positivo en estas tres tareas iniciales y el prestigio del ministro ha sufrido como consecuencia. Pero en el camino surgió una cuarta: la reforma a las pensiones. Una tarea en la que Valdés ha participado desde el origen, en que desbancó a otros ministerios en el liderazgo y en que ha sido el responsable de conducir la discusión pública. Con justicia se podrá decir que ésta será su reforma y, como consecuencia, es esperable que su prestigio profesional definitivamente se vincule a ella. Por eso, la reforma a las pensiones es la última oportunidad de Valdés.

¿Y que podemos decir al respecto? Hay ciertas cosas que todos sabemos y compartimos, incluso el ministro Valdés. Sabemos que las pensiones en Chile son muy bajas. Sabemos que cada día vivimos más. Sabemos que el sistema de AFP es un buen sistema de administración de ahorros para la vejez. Sabemos que el problema principal está en la falta de ahorro y no en la gestión de éste. Sabemos que el Estado es, en general, un mal administrador de recursos y que los sistemas de reparto no funcionan y son más bien sistemas piramidales, como dijo recientemente Nicolás Eyzaguirre. Finalmente, sabemos que los impuestos generan distorsiones y que los impuestos al trabajo incentivan la informalidad.

¿Ha recogido este consenso el proyecto del gobierno? Por ningún lado. Dos muestras para que usted juzgue. La propuesta sugiere crear un “ente estatal” muy eficiente (¡como si eso fuera posible!) para administrar un 3% de ahorro adicional forzoso. El mismo Valdés ha indicado que las AFP son eficientes administrando los fondos y, sin embargo, propone la creación de nueva burocracia. Por supuesto sugiere que se puede tener un administrador estatal eficiente al estilo canadiense, pero no informa que el CEO del Canadian Pension Plan ganó el año 2016 más de

US$ 3 millones de sueldo. ¿Sugiere eso para nuestro “ente estatal”? Por otro lado, la propuesta crea un impuesto del 2% a los trabajadores para financiar un sistema de reparto. Es decir, nos propone financiar un esquema de Ponzi de cargo de aquellos que hoy trabajan y que con dificultad ahorran para el futuro. ¿La razón? La decisión política es que las pensiones suban hoy, y como los gastos del gobierno solo crecen, no hay recursos disponibles y alguien tiene que pagar la cuenta.

Así las cosas, pareciera que Valdés está perdiendo su oportunidad. Si bien llegó al gobierno con un prestigio de economista serio, en el camino se ha gastado toda la cuenta de ahorro. Hoy actúa bajo criterios políticos y no técnicos, lo que sería legítimo si lo reconociera. La pregunta que debiera hacerse entonces es dónde quisiera quedar encasillado en el futuro.