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Editorial

41 horas: ¿era necesario este giro?

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l gobierno anunció ayer que presentaría una indicación a su proyecto de adaptabilidad laboral para reducir de 45 a 41 horas semanales la jornada laboral. Con ello descolocó a todos quienes habían apoyado la idea —incluyendo a este diario— de mantener la duración de la jornada, pero introduciendo mecanismos de flexibilidad acordes con las nuevas realidades del mercado del trabajo.

La medida es claramente una respuesta a la iniciativa de bajar la jornada a 40 horas, presentada por la diputada Camila Vallejo, que resulta popular para la opinión pública, pero que carece del sustento técnico que exige una propuesta legislativa de esta naturaleza, como lo han hecho ver entendidos en la materia. Una amplia y transversal gama de expertos, académicos, políticos y ex autoridades había respaldado la idea, defendida por el Ejecutivo en su proyecto original, de que la flexibilidad resguarda de mejor manera la calidad y la estabilidad del empleo que la reducción de jornada. Si bien el gobierno mantiene correctamente el énfasis en la flexibilidad, su nueva propuesta de 41 horas deja abierta la pregunta: ¿por qué no también 40, como propone la parlamentaria PC?

Una vez más —como antes con la reducción de impuestos a las empresas, la indemnización por años de servicio o el “ente público” previsional—, el gobierno parece ceder a la presión política. Desde luego, es legítimo que el Ejecutivo revise sus estrategias legislativas en aras de impulsar el avance de sus proyectos en el Congreso, pero en ocasiones puede denotar una forma de pragmatismo que se asemeja mucho a la falta de una hoja de ruta basada en convicciones y principios.

Esto arriesga sentar un mal precedente para futuras negociaciones con el Congreso. El anuncio de ayer sólo puede entenderse como una (nueva) señal de que el gobierno debe reforzar la confianza en sus propias ideas, o al menos estar dispuesto a jugarse a fondo por ellas.

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